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Ciudadanía Lidera Fuerte Oposición a las Represas en América Latina

Ciudadanía Lidera Fuerte Oposición a las Represas en América Latina
mayo 10
00:00 2006

Un muro de objeciones se levanta en América Latina contra la
construcción de centrales hidroeléctricas. En Guatemala activistas y
pobladores acaban de frenar un millonario proyecto, mientras en Brasil, El Salvador, Chile, Honduras y México la mecha del conflicto está prendida.

En la región hay más de mil grandes represas de 15 metros de altura o más, que generan 10 por ciento de la electricidad consumida en el área. Los gobiernos, apoyados por transnacionales, proyectan construir otras para así depender menos del oneroso petróleo, por ahora su principal insumo energético.

El debate sobre la hidroenergía es intenso. Aunque es valorada como una fuente renovable y limpia que permite regular el uso del agua, también es denostada por sus graves impactos sociales y ambientales, derivados del obligado desplazamiento poblacional y las inundaciones que genera.

En Guatemala, una consulta popular logró paralizar este mes la construcción de tres hidroeléctricas, impulsada por el gobierno y firmas locales e italianas y canadienses a un costo estimado de 100 millones de dólares, en la comunidad de Río Hondo, ubicada en una reserva natural al oriente del país.

La Corte Constitucional de Guatemala validó el 4 de abril los resultados del referéndum, por el cual los pobladores rechazaron el proyecto aduciendo que inundaría seis mil hectáreas y perjudicaría económicamente a 20 mil personas.

Tras la resolución judicial, las empresas están obligadas a reformular su proyecto con nuevos estudios de impacto ambiental y socioeconómico, y someterlo a otra consulta popular.

"El fallo de la Corte devuelve a la ciudadanía la fe en las instituciones y demuestra que aún hay gente decente en este país", dijo a Tierramérica Magali Rey, directora del grupo ambientalista Madre Selva.

En México, el gobierno del presidente Vicente Fox intenta sin éxito desde hace dos años concretar el proyecto La Parota, una gigantesca represa de 850 millones de dólares en el estado sureño de Guerrero, que desplazaría a unas 25 mil personas, según campesinos pobres de la zona que mantienen bloqueados los accesos a sus comunidades para evitar el avance de la obra.

El no gubernamental Tribunal Latinoamericano del Agua resolvió en marzo que el proyecto mexicano sobre el caudaloso Río Papagayo, "debe suspenderse, ya que no demuestra los beneficios a la población local ni su contribución al desarrollo regional ni a la protección del medio ambiente y los recursos naturales".

El fallo, que no es vinculante, señaló que autoridades mexicanas, en su afán por llevar a cabo la central, han incurrido en actos deliberados dirigidos dividir a las comunidades campesinas.

Brasil, uno de los países con mayor cantidad de represas en el mundo, alrededor de 600, tampoco está libre de conflictos.
Ambientalistas y activistas cuestionan la intención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de poner en operación dos centrales hidroeléctricas en el río Madeira, uno de los principales afluyentes del Amazonas.

Lula afirma que sus planes consideran de forma estricta los problemas ambientales y sociales. Pero unas cien organizaciones no gubernamentales, aglutinadas en el movimiento Río Madeira Vivo, lo desmienten y prometen dar batalla.

"Creemos que las dos centrales no se van a construir, (pues) no se ha comprobado su viabilidad económica", dijo a Tierramérica Glenn Switkes, director para América Latina de la Red Internacional de Ríos, con sede en California, Estados Unidos.

Además, el embalse de las hidroeléctricas afectará "un área de alta
biodiversidad, con 600 especies de peces y más de 700 de aves, y el impacto para los pescadores sería enorme porque los bagres, especie de más valor comercial, migran por cuatro mil kilómetros desde el río Amazonas al Madeira para reproducirse y las represas impedirían ese ciclo", según Switkes.

El proyecto también afectaría a los agricultores que siembran en "planicies temporalmente inundadas, pues las represas reducirían la llegada de los nutrientes a sus tierras", señaló.

Luiz Pereira, secretario ejecutivo del privado Instituto para el Desarrollo Estratégico del Sector Eléctrico, señaló a Tierramérica que las represas son preferibles a fuentes contaminadoras como la termoelectricidad, y advirtió que Brasil está urgido a elevar su oferta energética, pues a partir de 2008 no está garantizada.

Sin embargo, llamó a considerar "en serio" los impactos ambientales, balancear las necesidades energéticas y los efectos negativos de esos proyectos. "Hay que oír a las poblaciones afectadas", dijo Pereira.

Hasta los años 70, la construcción de represas no representó mayores problemas, pero ahora, incluso el Banco Mundial, uno de los principales financistas de la hidroenergía, reconoce que la calidad de vida de la mayoría de los desplazados no mejora con su reubicación.
Se calcula que unas cuatro millones de personas al año en el mundo deben dejar sus tierras a causa de las represas.

En América Latina la ola de oposición a las hidroeléctricas no es nueva, pero ahora hay algo más de virulencia en los conflictos y los potenciales perjudicados advierten, como sucede en el proyecto de la Parota en México, que están dispuestos a morir con tal de evitar que inunden sus tierras y ser desplazados.

En Chile otro millonario proyecto está en entredicho. Varios grupos
ambientalistas crearon una coalición para oponerse al plan de construir cuatro centrales en la zona de la Patagonia, impulsado por la transnacional española Endesa y que requerirá una inversión de tres mil millones de dólares.

Las represas se pretenden levantar a partir de 2008 en los ríos Baker, el más caudaloso de Chile, y Pascua, lo que inundaría unas diez mil hectáreas, destruyendo así humedales e impactando el hábitat de especies en peligro de extinción, señalan.

En Honduras y El Salvador, un acuerdo anunciado este mes por sus respectivos gobiernos para construir la represa El Tigre, en los afluentes del río Lempa, en una cuenca compartida, prendió ya las alarmas.

El proyecto costará unos 600 millones de dólares, generará mil megavatios y creará unos cuatro mil 500 empleos, según las autoridades. Pero también promete ser una intensa fuente de conflicto social.

Indígenas y ambientalistas comenzaron a expresar su rechazo al proyecto, al igual que varios diputados que enarbolan argumentos de soberanía territorial. El plan binacional emergió luego de que esos vecinos centroamericanos demarcaran de forma definitiva su frontera, poniendo así fin a viejas diputas.

"El proyecto debe ser analizado con suma reserva, la información preliminar es muy difusa", comentó a Tierramérica Juan Almendares, director del grupo ecologista Madre Tierra.

"Informes preliminares indican que al menos 82 aldeas serán inundadas y siento que estamos no sólo prestando nuestro territorio, sino cediendo soberanía en un proyecto que no se sabe aún a quién beneficiará más", dijo a Tierramérica Marvin Ponce, diputado por el izquierdista partido de Unificación Democrática.

International Rivers Network

 

Por Diego Cevallos

Con aportes de Mario Osava (Brasil), Thelma Mejía
(Honduras) y Jorge Grochembake (Guatemala).

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