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El eco-impuesto o el impuesto a los males

Esta medida favorecerá el desarrollo de una matriz energética más limpia, reforzando las opciones de la eficiencia energética y de las energías renovables no convencionales. A fines de febrero, el Gobierno presentó el documento “Estrategia Nacional de Energía 2012-2030”, donde plantea la decisión de impulsar una “tributación a los males”, es decir, un eco impuesto a la generación más contaminante. Este concepto, en general, es compartido por la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP) y desarrollado en toda su extensión en el documento de la Comisión “Chile necesita una gran reforma energética”.

Grupos empresariales y ejecutivos de empresas eléctricas han salido a cuestionar la conveniencia de un tributo como el planteado, utilizando el acostumbrado argumento de que un impuesto de este tipo produciría incertidumbre entre los inversionistas, atrasos en los planes de desarrollo eléctrico y mayores precios.

Pero en sus descargos olvidan mencionar que Chile, dentro de Latinoamérica, presenta uno de los más altos precios de la electricidad, como resultado del esquema tarifario vigente: no olvidemos que el esquema marginalista, elemento central de la regulación eléctrica chilena, que determina los precios en función del costo de la unidad más ineficiente que abastece la demanda y con el que se contribuye a los altos precios, ya que posibilita que las opciones de mayor costo de operación sigan suministrando energía eléctrica al mercado. Al respecto, nuestra comisión ha destacado en varias oportunidades la necesidad de modificar dicho sistema.

Quizás la debilidad de la propuesta gubernamental es tanto su ambigüedad como el que ella circunscriba el eco-impuesto solo a la electricidad y no a toda la energía, generando flancos que facilitan la tarea de sus detractores.

En efecto, ello permite a estos últimos argumentar que la medida afectaría a la generación termoeléctrica, por lo que sería discriminatoria, lo que es cierto, ya que un tributo de este tipo debe gravar también las emisiones contaminantes, asociadas al uso de combustibles.

Quienes se oponen a esta tributación omiten señalar que los beneficios de los eco-impuestos contribuyen a mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto y que los principales socios comerciales de Chile, están asumiendo, con fuerza creciente, la reducción de la huella de carbono como un elemento clave de la comercialización de los productos que se transan en el mercado mundial.

Se argumenta, además, que la industria eléctrica ya está haciendo lo suyo, ya que prevé invertir US$ 1.000 millones para cumplir con la reciente norma de emisiones para las centrales termoeléctricas, que apunta a reducir las emisiones de partículas finas (PM2,5), dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, pero olvidan mencionar que esa norma ha dejado fuera los metales pesados, que son tanto o más perjudiciales para la salud de la población.

Respetar el límite de emisiones normado significa que se está autorizado para funcionar, pero ello no implica que no deba compensar los daños que causan sus emisiones, puesto que en las decisiones políticas y de inversión sus costos se comparan con los de tecnologías limpias que no perjudican en igual medida la salud y el medio ambiente.

La CCTP analizó el efecto sobre la salud, la agricultura, los cursos de agua (ríos y lagos) y las obras civiles resultante de las emisiones contaminantes que se producen a pesar de la aplicación de la citada norma, planteando no sólo la urgencia por imponer un eco-impuesto, sino que además el monto que se debería cobrar a las fuentes contaminantes por las externalidades negativas que su actividad provoca.

Dichos impuestos deberían aplicarse a todo tipo de fuentes emisoras, por ende estos impuestos deben estar incorporados al precio del combustible, lo que actualmente ocurre con el Impuesto Específico a los Combustibles, que contribuye a paliar, en parte, las externalidades negativas del transporte.

Frente a la eventualidad de que los eco-impuestos tengan un efecto sobre los precios de bienes y servicios, podemos afirmar que ello ocurriría por una sola vez y que tampoco es seguro que ocurra, ya que el impuesto reforzará la importancia de la eficiencia energética y de las energías renovables las que contribuirán a reducir los gastos en energía de las empresas y de las familias.

Más aún: la aplicación de un eco-impuesto tendrá impactos beneficiosos en distintos ámbitos, pues por un lado permitirá sincerar los precios de las distintas alternativas energéticas. Además reducirá los gastos en salud, tanto del Estado como de las personas. A consecuencia de esto, mejorará la productividad de la economía al reducir los días perdidos por enfermedad. También reducirá las futuras barreras a nuestras exportaciones resultantes de una alta huella de carbono y favorecerá el desarrollo de una matriz energética más limpia, reforzando las opciones de la eficiencia energética y de las energías renovables no convencionales.

(Pedro Maldonado es Académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Rodrigo García Pizarro es Director Asociación Chilena de Energías Renovables).

Fuente:ElRepuertero – Chilesustentable –  escrito por Pedro Maldonado y Rodrigo García -Publicado 11 abril 2012 – Enlace a la Fuente de esta Noticia 

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