Escrito por  Sara Larrain, Directora Programa Chile Sustentable.

En Ia II región, la empresa Aguas Antofagasta, propiedad del grupo Luksic,  que además es una de las sanitarias más multadas del país, le ha vendido 550 litros por segundo de agua cruda del Río Loa a la minera Doña Inés de Collahuasi (propiedad de Anglo American y Xstrata Copper)  para alimentar sus faenas mineras  al interior de Pica, en la región de Tarapacá.

Collahuasi ingresó a evaluación  en el SEA, un estudio de impacto ambiental interregional  de la tubería  en que  se pretende trasvasijar esta agua, desde el sector Lequena  hasta  la localidad de Ujina.

Los habitantes de de Calama y Antofagasta están indignados y no es para menos. Aguas Antofagasta  y Collahuasi pretenden  llevarse agua desde el desierto más seco del mundo para servir la expansión minera de una trasnacional.

Insólitamente además la autoridad ambiental ha acogido a tramitación este proyecto que solo evalúa el trazado de la tubería y del tendido eléctrico, pero que carece absolutamente de información sobre el impacto ambiental que conlleva privar a la  ya degradada cuenca del Rio Loa  de 550 litros por segundo agua y que el agua no sea devuelta, pues hay muchos poblados y ecosistemas que dependen de la infiltración de este a lo largo de cientos de kilómetros.

El estudio tampoco se hace cargo de otro impacto que debe evaluar la autoridad: el despojo a miles de personas de un recurso hídrico que originalmente fue cedido y luego concedido a un servicio  para consumo humano.

Con un precio record del cobre ¿no será mucho que Collahuasi no apueste a la desalación o a la impulsión de  agua de mar para sus faenas tal como han hecho  otras compañías?

¿Por qué  el grupo Luksic  vende el agua dulce  del Loa, de la cual depende toda la vida de las comunidades de Calama, Chiu Chiu, Lasana, Quillagua, para alimentar la actividad minera en otras regiones?

¿Por qué la Dirección General de Aguas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios no velan por la protección de las cuencas hídricas y los derechos de agua dedicados a los servicios de agua potable?

 ¿Porque se permite la exportación de agua desde  la región de Antofagasta a la de Tarapacá, cuando todos los estudios destacan que la zona requiere importación masiva de recursos hídricos?

 Definitivamente ante esta irresponsabilidad gubernamental y empresarial, el patrimonio ambiental y la sociedad chilena están en riesgo.

Similar situación ocurre en Santiago donde la empresa sanitaria Aguas Andinas, del consorcio franco español Suez-Agbar, vendió en 2011 parte de las aguas de Laguna Negra y Embalse del Yeso, destinadas al agua potable de Santiago, para que la trasnacional norteamericana AES-Gener   las use para alimentar dos centrales hidroeléctricas  de su proyecto Alto Maipo (que se sumarian a las 4 centrales que la empresa ya posee en el en la zona)

Esta venta y la puesta en marcha de las centrales no solo vulnera los derechos de agua de regantes y agricultores; sino que amenaza todos los emprendimientos turísticos del Cajón del Maipo y no da cuenta de los impactos  sobre el suministro de agua potable para la ciudad de Santiago. La Superintendencia de Servicios Sanitarios, que debe velar por las aguas destinadas a agua potable, al parecer interpreta que las sanitarias pueden usarlas para negocios distintos de la concesión de servicios sanitarios.

Estos mismos afectados, además de realizar masivas manifestaciones públicas, hoy inician diversas estrategias legales, entre las que destaca  la petición  mediante  la Ley de Transparencia del convenio entre Aguas Andinas y Gener para el uso de aguas pertenecientes al servicio de agua potable de los 6 millones de habitantes de la región Metropolitana.

Y es que, en ambos casos, la forma en que se hizo la venta del agua  es un misterio para la ciudadanía y las autoridades locales. El Gobierno, amparándose en la denominación de “acuerdos entre privados” – término favorito de la actual administración para evadir  comunicar hechos vergonzosos e impopulares—  no ha hecho nada para que tanto los habitantes de Santiago como los de Antofagasta y Calama lleguen a conocer las condiciones, el  costo y los impactos objetivos de dichas transacciones de agua potable.

Frente a estos hechos, a los ciudadanos se nos viene a la mente el viejo refrán de “borrar con el codo lo que se escribe con la mano” , pues mientras la Dirección General de Aguas (DGA) declara destinar buena parte de su tiempo a fiscalizar y sancionar el robo de agua, otro servicio dependiente del mismo Ministerio de Obras Públicas, como la Superintendencia de Servicios Sanitarios avala este “robo institucionalizado” de agua que están haciendo  las sanitarias, que  hacen pingües negocios vendiendo  las aguas   comprometidas en  las concesiones para servir el consumo humano a  mineras e hidroeléctricas, obteniendo enormes ganancias.

Al respecto, hay que destacar que el Congreso Nacional ya debió parar, mediante reforma al Código Sanitario, la venta de las aguas servidas tratadas que habían iniciado las sanitarias, perjudicando a los agricultores y regantes. Al parecer, defender el agua potable requerirá acciones  legislativas similares.

Hoy la pelea en el norte del país es a muerte. El acuerdo entre Inés de Collahuasi y Aguas Antofagasta ha desatado una campaña que incluye movilizaciones, recolección de firmas, apoyo de autoridades  locales y parlamentarios y hasta funas a la compañía minera que debió abandonar el viernes pasado el salón del Municipio de Calama.

Lo que hoy ocurre en Chile – y que en absoluto es un caso aislado –  constituye un poderoso llamado de atención a las instituciones de gobierno que deben velar, de acuerdo al nuevo mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas, por el derecho humano al agua y al saneamiento de todos los habitantes del país.

De continuar estas irregularidades y  nuevas amenazas al abastecimiento de agua, los movimientos ciudadanos  probablemente  continuaran durante este  año con la misma fuerza del  2011. Así, los ciudadanos y ciudadanas defenderemos nuestro derecho al agua en el Parlamento, frente a las instituciones de gobierno  y en las calles.

Publicado 31 de enero 2012

Considerando que la comuna de Maipú lleva un par de años con problemas de administración en el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, (SMAPA)  este jueves se realizó un seminario que busca marcar una posición firme en contra de la eventual privatización de la sanitaria.

En la actividad participaron el alcalde de la comuna, Alberto Undurraga, parte del concejo municipal, organizaciones sindicales, vecinales y la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín.

La directora de la ONG comentó que en la actividad, el alcalde Undurraga manifestó una postura en contra a una eventual privatización de la sanitaria, frente a las sospechas de la comunidad de que el Estado busque vender SMAPA, amparándose en dificultades de la empresa para cumplir con el plan de obras.

“Fue una instancia muy interesante porque el alcalde tuvo que transparentar cuál era la situación del mapa cuando él lo recibió con el nivel de deudas y cómo prácticamente este año van a quedar al día con los compromisos que la empresa había tenido anteriormente. Además señaló que él había pensado la figura de empresa sanitaria municipal S.A pero que entendía que era una forma equivocada, muy susceptible de poder enajenarse en el futuro”, contó la ambientalista.

Las sospechas de la comunidad se basaban en esta idea de empresa municipal como Sociedad Anónima que alguna vez habría esbozado el alcalde, pero también porque el mismo jefe municipal denunció que Aguas Andinas inscribió en el registro de la propiedad intelectual la marca Aguas Maipu, con lo que aumentó la inquietud de los involucrados.

A pesar de esto en el seminario sí estuvieron de acuerdo el municipio, los sindicatos y las organizaciones vecinales de la comuna sobre las líneas de gestión para responder al plan de obras, y honrar tarifas de los consumidores; además de lograr un decreto alcaldicio que permita que la empresa tenga autonomía presupuestaria.

En ese sentido, el concejal Cristián Vittori destacó que el seminario interpretó que el manejo del recurso hídrico por parte del municipio es muy importante para la comunidad, y por ende, se planteó la necesidad de establecer un estatuto para el servicio municipal de agua potable.

“El agua es un elemento clave no sólo para el país sino que para el desarrollo de la comuna de Maipú. Es un elemento estratégico que la comuna no quiere perder y por lo tanto no se apoya ninguna forma de privatización. Se planteó la posibilidad de generar un nuevo estatuto jurídico para el servicio municipal de agua potable y la propuesta es conformar una mesa de trabajo integrada por todos los actores que participaron hoy”, dijo Vittori.

Por otra parte, Sara Larraín destacó que esta postura que la comunidad municipal en su totalidad ha adoptado para defender a SMAPA en su condición de sanitaria estatal, podría marcar un referente para recuperar para el Estado otras empresas de este tipo que se han privatizado al concluirse las concesiones que las rigen.

“Desde nuestra perspectiva, el fin de los procesos de concesión dan la tremenda oportunidad para que el Estado opte por quedarse con las empresas y obviamente reiniciar una gestión pública. Eso puede darle mucha mayor estabilidad a los servicios y por último si determina algún tipo de inversiones deben estar vinculadas a fondos que puedan estabilizar las pensiones por ejemplo”, sostuvo.

De esta manera, el seminario “No a la Privatización de SMAPA” tuvo una positiva evaluación a su cierre, ya que los actores involucrados confluyeron en una posición contraria a la enajenación de la empresa.

Fuente: Diario Electrónico Radio Universidad de Chile – Escrito por Héctor Areyuna- Publicado 26 enero 2012  – Link a  Fuente de la Noticia

Respecto a la ley actual,  la parlamentaria señaló que “pese a que desde el 2004 los lobos marinos están bajo la protección del Estado chileno, existe una excepción legal que posibilita  la captura de ejemplares vivos  para su mantención en cautiverio para fines de exhibiciones  públicas en zoológicos y acuarios, que se ha prestado para graves  abusos e ilegalidades por la falta de fiscalización, como la muerte por inanición de 20 crías  de lobos en Magallanes”.

Para solucionar esta vacío legal, la diputada de Magallanes, explicó que “lo que queremos es que no existan excepciones legales y que al igual que con el resto de los mamíferos marinos se prohíba  la caza y la captura de cualquier especie de lobo marino, ya que es nuestro deber  proteger el patrimonio natural de nuestro país”.

Además,  Carolina Goic  manifestó su preocupación por  el Plan de Manejo Poblacional del Lobo Marino Común que está elaborando el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Pesca,  que contempla entre otras medidas, la entrega de autorizaciones y cuotas de matanza de ejemplares de lobos marinos, como una respuesta estatal a la actual crisis productiva, ambiental y social que afectan a los 81 mil pescadores artesanales, sus familias y comunidades.

Fuente La Segunda on line – Publicada jueves 26 enero 2012 - Link a la Fuente de la Noticia

La iniciativa parte con representantes de las 21 organizaciones ambientales, de estudios y sindicales. La idea es preparar propuestas hacia la Cumbre de Río + 20 del desarrollo sustentable convocada por Naciones Unidas y que se desarrollará en junio de este año.

La idea de esta plataforma social amplia y diversa es generar un trabajo en conjunto desde los distintos sectores que la conformen, con quienes a diario deben sufrir las consecuencias del modelo que genera la situación actual de crisis ambiental que vive nuestro país y la humanidad, para generar propuestas que surjan desde lo local que respeten el desarrollo histórico de las comunidades y que sea una muestra que otro desarrollo económico, social y ambiental es posible de construir.

En el primer encuentro participaron Florencia Arostica de Anamuri; Juan Pablo Orrego Ecosistemas; Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales; Juan Carlos Cárdenas del Centro Ecocéanos; Eduardo Giesen del Colectivo Viento Sur; Consuelo Labra del Observatorio Ciudadano; Cristián Flores, dirigente Caimanes y Red Ambiental Norte; Nicole Arcaya, Secretaría de Medio Ambiente-FECH; y Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre.

LLAMADO DE LA PLATAFORMA SOCIO AMBIENTAL

Hace 20 años se realizó la Cumbre de la Tierra de Río 1992, después que la Comisión Mundial para el Desarrollo del Medio Ambiente de las Naciones Unidas concluyera que la vida del planeta se encontraba en serio riesgo debido a la erosión del medio ambiente. El objetivo de dicha Cumbre era concebir una política y un programa económico que permitiese reorientar la economía y salvar al planeta de una crisis anunciada. Se puso en escena la propuesta del desarrollo sostenible para sacarnos de la debacle que la acelerada extracción de los recursos naturales y la contaminación ambiental había generado. Se apuntaba igualmente a restablecer los ritmos de crecimiento que permitiesen mantener las tasas de ganancia de modo de superar los índices de pobreza sin afectar el medio natural de vida de la población. Las clases dirigentes del mundo aceptaron la propuesta, atribuyendo una buena intención a los artífices de esta política.

No obstante las expectativas generadas, 20 años más tarde se ha agravado la crisis ambiental, social y ecológica, ello sin mencionar las guerras, invasiones y las nuevas políticas de despojo que se han impuesto sobre la Tierra y los territorios, particularmente en los llamados países en desarrollo o del sur del mundo. El supuesto desarrollo sostenible ha beneficiado a los grupos privilegiados, acrecentando los problemas de vastos sectores y comunidades de los países arrasados por la usurpación de los bienes comunes. Políticas públicas intencionadas han favorecido la mercantilización de la naturaleza y se han impuesto culturalmente patrones de producción y de consumo que transgreden los límites y equilibrios naturales, aumentando de manera alarmante la inequidad y el empobrecimiento en amplias regiones del mundo.

El modelo chileno ha operado como punta de lanza en el continente para impulsar estas lógicas mercantiles. Se habla de desarrollo sostenible mientras se vulnera compromisos internacionales y se viola la precaria legislación nacional sobre esta materia; entregando el Estado los bienes comunes y colectivos a la voracidad del capital nacional y transnacional. Las clases dominantes, gobierno y empresarios, se vanaglorian de los índices de crecimiento y de las políticas macroeconómicas actuales, sin embargo, Chile ostenta la mayor desigualdad de ingresos y ha llegado a ser uno de los países más caros de la región. Al mismo tiempo, los índices de calidad ambiental empeoran a lo largo del país, siendo los sectores más pobres los que padecen de forma más intensa los efectos de estas políticas de muerte.

Durante estos 20 años se han profundizado en Chile la vulneración de derechos, la privatización de los bienes públicos y la mercantilización del agua, la vida y la naturaleza. Esto lo sufrimos en todos los ámbitos de la sociedad y la economía: en la educación, el mundo del trabajo, la salud y los servicios básicos; en todo el territorio avasallado por la mega-minería, la agro-industria, la mega-generación eléctrica, las plantaciones forestales y otras infraestructuras que agreden sistemáticamente a los pueblos y comunidades indígenas y rurales, destruyendo su hábitat, sus culturas y economías locales.

Las organizaciones y sectores sociales que han hecho conciencia de estos procesos están logrando trascender el escenario de desintegración de las redes sociales pos dictadura y han comenzado, pese a la creciente represión, criminalización y persecución gubernamental, a construir movimientos más amplios que demandan cambios estructurales en el sistema político y económico.

La cumbre Río+20 es una privilegiada oportunidad para debatir y subvertir esta tendencia, más aún cuando el planeta está siendo agredido por una crisis sistémica, que se enmascara con fórmulas como “la economía verde” o la “gobernanza ambiental”, ejes conceptuales de la reunión que se llevará a cabo en junio del 2012 en Río de Janeiro, Brasil. Esta Economía Verde para supuestamente derrotar la pobreza no es más que otra artimaña para lanzar un salvavidas a la crisis galopante del sistema capitalista, creando nuevas oportunidades para la acumulación del capital por la vía de la mercantilización incluso de “productos intangibles”, que permitan ampliar las fronteras neoliberales haciendo aún más precaria la sobrevida humana y la recuperación ambiental del planeta.

En un esfuerzo entre muchos y muchas, estamos constituyendo esta plataforma social amplia y diversa que permita representar con fuerza las demandas de justicia ambiental y social, esas que miles de comunidades y colectivos esgrimimos como bandera de lucha en nuestros territorios asolados o amenazados por el sistema que Río +20 pretende perfeccionar.

Desde esta plataforma convocamos a que generemos espacios de discusión y debate en nuestros territorios en torno al desarrollo que queremos para nuestras comunidades, levantamos propuestas de acción conjunta, motivemos la movilización y la creación colectiva a nivel local, regional y nacional, de manera amplia, diversa y descentralizada, de modo de instalar estos temas urgentes en la agenda de nuestras organizaciones y del país en su conjunto.

Fuente El Ciudadano. Publicado viernes 27 enero 2012 -  Link a la Fuente de la Noticia

A 20 años de la Cumbre de la Tierra de Río del 1992, un grupo  de ambientalistas anunciaron la constitución de una nueva plataforma social  que representará las demandas de justicia ambiental y social, las  que hoy se ven amenazadas por el sistema que la cumbre Río+20 pretende “perfeccionar”, al modificar la política de desarrollo sustentable y ceder ante las presiones de gobiernos que respaldan el actual modelo.

El Director del Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, afirmó que los acuerdos y las disposiciones mostradas en la pasada cumbre de Río fueron absolutamente insuficientes, ya que hoy se observa que la crisis sólo se ha agudizado.

Con esto coincidió Eduardo Gissen del Colectivo Viento Sur, para quien hoy la principal batalla es contra las empresas transnacionales, y apuntó que “las multinacionales se han hecho inmensamente más poderosas en este tiempo, eso se puede ver en nuestro país, punta de lanza en la intensificación de mercantilización de bienes públicos y privatización de la naturaleza y el agua”.

Esto ha afectado principalmente a los agricultores, campesinos y a los pueblos indígenas, vulnerando sus derechos al privatizar una serie de bienes públicos esenciales. Sobre este negativo diagnóstico, se refirió el presidente de la ONG Ecosistemas, Juan Pablo Orrego, quien apuntó que “se dice que los ecologistas somos puro diagnóstico, pero tenemos propuestas, las que están taponeadas por el sector empresarial y las autoridades cómplice de grandes corporaciones. Nosotros trabajamos agua y energía, y tenemos propuestas que queremos se discutan”.

La plataforma pretende generar una propuesta clara a corto, mediano y largo plazo que permita que el desarrollo, el empleo y la protección del medio ambiente converjan. Para ello, apuntaron a la necesidad de transformar trabas institucionales como la Constitución del año 1980, la que, afirmaron “mantiene en jaque mate a la democracia”.

Un juicio que compartió la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), Florencia Aróstica, quien declaró que “tenemos que ver y evaluar de qué nos ha servido la Constitución de un gobierno militar, sin voluntad de la Concertación para cambiarla, porque si no cambiamos la Constitución, no podremos cambiar este sistema mercantilista”.

Según explicó la Nicole Alcaya, de la Secretaría del Medio Ambiente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en la hoja de ruta de este nuevo movimiento está un proceso de información y difusión que finaliza el 22 de abril con el Día de la Tierra.

Luego comenzará un proceso de generación de propuestas a nivel regional, el que culminará con una síntesis el cinco de junio, el Día del Medio Ambiente, para finalizar con una movilización el fin de semana del 16 y 17 ese mes, anterior a la cumbre de Rio de Janeiro.

Fuente Radio Ude Chile  escrito por Paula Correa- miércoles 25 enero 2012 - Link a la Fuente de la Noticia

Al respecto, el senador Horvarth destacó que del total del consumo eléctrico nacional “un 16% es residencial o de pequeñas empresas, por lo tanto, si este sector fuera capaz de cogenerar su propia energía podrían descontar lo que corresponda a su consumo y si generara más, las empresas deberían pagarles por su energía en el proceso conocido como netmetering”, incluso pasando los remanentes de un año a otro.

Aseguró que solo en Santiago las condiciones solares permitirían generar 2.700 megawatts y si a eso se le suma la eficiencia energética tendríamos otro potencial de 2.000 megawatts, dijo el legislador quien relevó la necesidad de aprovechar las distintas posibilidades de cogeneración eléctrica.

A su vez, la senadora Allende felicitó la iniciativa y recordó que la Comisión de Minería, la cual integra, respaldó los cambios que introdujo la Cámara a este proyecto ya que constituían avances. “Estos significa la posibilidad del consumidor final de poder inyectar excesos de energía que produzca en sus propios domicilios o en su pequeña empresa o comercio”, dijo la parlamentaria.

Precisó que “este es otro camino más para ir diversificando nuestra matriz energética, ya que nosotros como Comisión, estamos señalando desde hace varios años que se debe promover las energías limpias, sustentables y evitando que Chile siga carbonizando su matriz”. Mencionó además que diversos países como Alemania, España, Costa Rica, entre otros ya tienen instalado este sistema. Finalmente, resaltó la importancia de que pronto se despache el proyecto que aumenta la participación de las energías renovables a un 20% de la matriz al año 2020.

Fuente Radio Polar /Publicado Domingo 22 enero 2012 / Enlace a la fuente de la noticia

El sindicato de pescadores de Ventanas, en la Quinta Región, denunció la reiterada ocurrencia de varados de carbón de piedra y petróleo (petcoke) en la caleta de Ventanas y playas aledañas. Los trabajadores aseguran que sus reclamos se sustentan en el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación establecido en la Constitución Política de la Republica de Chile, así como lo establecido en la Ley General de Pesca y Ley Orgánica Directemar, Ley de Bases del Medio Ambiente.

El 20 de enero recién pasado nuevamente  ha varado sobre una extensión de 600 metros de la caleta Ventanas, una  gran cantidad de carbón, según denunciaron los pescadores.

Esta situación ya  había sido denunciada anteriormente durante varias ocasiones en 2010 y 2011. Este año, es la tercera vez que se observa esta acción (5  y 17  de enero 2012).

Como se informó en la denuncia realizada el 17 de este mes y según lo informado por Capitanía de Puerto de Quintero, la semana pasada  se descargaron por el sitio 5 del puerto de Ventanas 70 mil toneladas de carbón y el  20 enero el buque  Cordillera  de la agencia Ultramar se encontró atracado al sitio Nª 3 del Puerto de Ventanas  cargando 11 mil toneladas  carbón,  lo que  se puede  constatar en la página de Internet del Puerto de Ventanas.

Sergio Silva, presidente del Sindicato de Pescadores de Ventanas, solicitó que el Puerto de Ventanas sea clausurado para cargas y descargas de carbón y petcoke ya que el puerto no cuenta  con las condiciones para realizar estas  faenas sin afectar el medio ambiente y la salud de las comunidades de ventanas.

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Fuente:Diario Electrónico R. UChile /Escrito por Diana Porras /Publicado domingo 22 enero 2012

Ingrid inicia este programa de “Donar Libros” con el  Instituto de Ecología Política, en el mes de Octubre del 2011, su trabajo le hace realizar una previa investigación y contacto con varias de nuestras bibliotecas en Santiago y regiones, dándose cuenta que muchas de las casas de la cultura, tenían vacíos de titulares “verdes” por decirlo de algún modo, el área ecológica y ambiental en publicaciones es débil,  el trabajo de pedir colaboraciones, recolectar y buscar donde está la necesidad de un libro en particular llevó varios meses y sigue hasta ahora en el 2012.

Cómo surge esta idea de recopilar libros ambientales y llevarlos a las Bibliotecas?
Parte la idea e iniciativa de buscar publicaciones que durante el año las organizaciones no gubernamentales vinculadas al área ambiental generan por proyectos y siempre queda una partida de ejemplares en cada ONG o editoriales. Esta es una idea que surge de la convicción  de querer ayudar a difundir una ecocultura, y permitir el acceso a la mayor cantidad de personas posible.

A veces los libros se pierden en oficinas o casas, quedando abandonados tras un breve uso.

Por qué las Bibliotecas y no los colegios por ejemplo?

Porque en las “Bibliotecas”, es donde los libros se guardan por  muchos años, pudiendo generar el impacto en las personas que tienen el interés en los temas que se mencionan. Así la información se difunde, enseña y aporta en la generación de los cambios necesarios, a través de las personas.

Quienes han donado Libros para este programa del IEP?

Los libros que se han entregado provienen de las siguientes Organizaciones: IEP  - Instituto de Ecología Política, Programa Chile Sustentable, Fundación Heinrich Böll, Fundación Sociedades Sustentables, Ecosistemas, Chileambiente, Editorial Cuatro Vientos, FIMA – Fiscalía del Medio Ambiente, ANAMURI – Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Oficina JPIC Sociedad Misionera de San Columbano, RAPAL – Red de Acción en Plaguicidas, CODEFF – Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna.

Y las publicaciones recaudas a donde se han enviado?

Se han realizado sucesivas donaciones de libros, a través del tiempo a las siguientes Universidades y Bibliotecas Públicas: Biblioteca del Congreso Nacional
Biblioteca de Santiago, Biblioteca Nacional, Biblioteca Municipal de Providencia
Universidad de Concepción (Concepción), Universidad Austral (Valdivia), Universidad Católica del Norte (La Serena, Coquimbo),Universidad de Chile, Universidad Católica y
Universidad de Santiago de Chile.

Cuál es la temática que tienen los libros en general?

 Es una colección de libros con diversas temáticas de interés para muchos lectores, los temas son variados como agua y glaciares, biodiversidad y territorios, sustentabilidad, reformas, legislación, energía renovable, globalización, economía ecológica, entre otros.

Esperamos que toda esta contribución y aporte que han realizado muchos organismos y personas sea aprovechado por los lectores de bibliotecas, para que así gran cantidad de personas tengan la posibilidad de acceder a este valioso material ambiental, colección única de libros que se ha generado con esfuerzo y dedicación, para incentivar a los cambios necesarios que se requiere plasmar en tantos temas importantes para el cuidado y manejo sustentable de la naturaleza.

Esta nota tiene el carácter de distinguir la voluntad, el esfuerzo, el trabajo y la buena acción de una profesional comprometida con aportar una ayuda al planeta llevando el conocimiento verde a la casa reina de la cultura por excelencia “Las Bibliotecas”.

Esta iniciativa continuará el año 2012, para lo cual invitamos a colaborar, el llamado se hace a las organizaciones, instituciones, casas editoriales  y personas particulares interesadas en hacer llegar libros, publicaciones y todo material impreso ambiental  a bibliotecas, tomar contacto con la siguiente dirección   comunicaciones@iepe.org. Para ayudarles en su gestión si así lo requieren.

Agradecemos a todas las organizaciones, por el apoyo y la “Donación de Libros”, gracias a ello pudimos poner a disposición de la sociedad libros para la gestión sustentable de los recursos naturales con temáticas  actuales infaltables en bibliotecas municipales y universitarias, con el fin de crear un espacio para fomentar la lectura ambiental, e  intercambiar experiencias y conocimiento.

“Sin duda es un hecho relevante para todos quienes estamos apalancando una nueva institucionalidad legal en materia de energía en el país. Este es un paso crucial para un nuevo sistema eléctrico, que permita la llegada de nuevas empresas y la inclusión de ERNC en la matriz. Asociación Chilena de Energía Renovable señaló que aprobación del proyecto que exige producir un 20% de la matriz energética de aquí al 2020 en el país, “garantizará precios de energía significativamente menores, y mucho menos volátiles que el actual mix de generación”.

Enlace a la Fuente de la Noticia   Publicado 17 enero 2012