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Ambientalistas cuestionan nuevo Reglamento de Evaluación Ambiental por falta de participación ciudadana

Ambientalistas cuestionan nuevo Reglamento de Evaluación Ambiental por falta de participación ciudadana
Mayo 30
06:13 2012
Fotografía: plataformaurbana.cl

Fotografía: plataformaurbana.cl

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y compuesto también por los titulares de Agricultura, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones, Minería y Desarrollo Social, aprobó el pasado lunes el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Esta nueva norma pretende entregar las herramientas necesarias a titulares de proyectos, órganos públicos y a la ciudadanía para llevar a cabo una evaluación ambiental eficaz y eficiente, para tramitar los proyectos con mayor celeridad y rigurosidad. Además, se amplía el proceso de participación ciudadana no sólo a Estudios de Impacto Ambiental, sino también a ciertas Declaraciones de Impacto Ambiental.

El diputado DC, Patricio Vallespín, miembro de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, sostuvo que se trata de un hecho positivo. “Todo lo que tenga que ver con explicitar de mejor manera los requisitos para que no exista arbitrariedad, duda o incertidumbre para la autoridades al momento de tomar las decisiones, es positivo, como también la participación ciudadana, porque eso da legitimidad al proyecto que se quiere desarrollar y a las instituciones pertinentes. Va en la línea correcta y espero que se aplique con rigor y que no sea la imposición de un jefe, de un ministro de nivel nacional, del gobierno que sea, que muchas veces impone los criterios para aprobar un proyecto, aunque no reúna todos los atributos o no se responda a las preocupaciones de los ciudadanos”, dijo.

Menos optimista es la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, quien, primero criticó la demora en la aprobación del reglamento en más de un año, ya que el ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental fueron aprobados en 2010.

Larraín advirtió que la participación no tendrá sentido si se sigue manipulando a las autoridades regionales desde el gobierno central y continúa el lobby de las empresas. “Hoy estamos en una situación donde la aplicación de la institucionalidad y los reglamentos a la autoridad no le ha dado el ancho, porque hay excesiva discrecionalidad jurídica. Podemos tener muy buenas leyes, muy buenos reglamentos, pero si se sigue aplicando con la discrecionalidad que se aplica, la verdad es que no ha servido para nada los cambios y no va a servir para nada tener ministerio en vez de Conama. Acá el llamado es a las autoridades, a que tomen el tema en serio y a los empresarios que no hagan tanto lobby, porque finalmente termina siendo pésimo negocio para el país”, sostuvo.

La ambientalista recalcó que las observaciones ciudadanas en proyectos como la termoeléctrica Castilla, la hidroeléctrica Alto Maipo o la planta de cerdos de Freirina se referían a impactos que no fueron declarados por las empresas y por ello la importancia de considerar la participación de la gente.

Similar opinión manifestó Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram, organización que participó del proceso de consulta pública del reglamento, quien aseguró que se trata de un texto engorroso, difícilmente comprensible para la ciudadanía, lo que se une a otras trabas.

“Si bien hay algunas instancias en el proceso de evaluación ambiental que quedaron mejor normadas en cuanto a la participación ciudadana, la capacidad de incidencia de la ciudadanía en proyectos de inversión sigue siendo cercana a cero. Y la participación ciudadana, cuando es vía declaración, está muy regulada y no es para todos los casos, por lo tanto, aquí también hay que despejar que la gente no se haga ilusiones que ahora todos vamos a ir a participación ciudadana y la autoridad nos va a escuchar y va a calificar en consecuencia los proyectos, eso no es así”, aseguró la ambientalista.

Liberona, criticó, además que no esté explicitada la consulta previa, obligatoria para los pueblos indígenas, lo que es un vacío de la autoridad ambiental; y que se favorezca la tramitación rápida mediante el cumplimiento de la Agenda de Impulso Competitivo del Ministerio de Economía.

Para la representante de Terram, la coincidencia de la aprobación del reglamento y la crisis de Freirina no es casual, ya que el Gobierno pretende salir al paso de los cuestionamientos de fondo a una institucionalidad ambiental débil e incapaz, que se arrastra de la anterior administración.

Fuente Diario Electrónico Radio U. Chile – por Macarena Scheuch – Publicado 29 mayo 2012 – Enlace a la Fuente de esta Noticia

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