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No se pueden agilizar los proyectos energéticos a costa de la ciudadanía

No se pueden agilizar los proyectos energéticos a costa de la ciudadanía
junio 14
06:03 2012
  • Ante los últimos acontecimientos en el plano energético a nivel nacional, la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria de Energía cuestiona los mecanismos que pretende aplicar el gobierno para acelerar los proyectos energéticos en Chile.
  • Instancia entregó, en 2011, propuesta de una política energética a presidente Piñera basada en generar mayor independencia energética, seguridad de suministro, fomento a las energías limpias, eficiencia energética y un cambio a la Ley eléctrica para generar real competencia y dotar al Estado de un verdadero rol estratégico en una materia clave para el desarrollo del país.

Ante las noticias que muestran cómo el gobierno ha respondido a las presiones de las empresas controladoras del mercado eléctrico, que buscan acelerar los proyectos energéticos, la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria para la Matriz y la Política Eléctrica (CCTP) desea declarar a la opinión pública lo siguiente:

Coincidimos en que Chile no tiene una política energética y que todas las decisiones  sobre desarrollo eléctrico fueron entregadas hace 30 años a las empresas, pero las soluciones que está proponiendo hoy el gobierno son un traje a la medida de las iniciativas privadas que en nada solucionan los problemas de altos precios, inseguridad de suministro y daño ambiental que hoy predominan en la matriz energética del país.

El sistema de transmisión eléctrica actual tiene limitaciones de diseño y capacidad, pero sus modificaciones no se pueden hacer  a costa  – y a espaldas-  de la ciudadanía para beneficio de las grandes generadoras: el anunciado proyecto de la carretera pública y el proyecto de fast track que busca acelerar las concesiones eléctricas mediante la fragmentación de los proyectos para eludir su evaluación ambiental, han sido diseñados para perpetuar un modelo energético fuertemente cuestionado que busca mantener  el paradigma de la generación a gran escala, de un sistema de transmisión a grandes distancias que solo refuerza el centralismo  y que no reconoce la estructura territorial del país como un todo.

En resumen, se nos desea imponer un proyecto  ideado entre cuatro paredes  por el Gobierno, pagado por la ciudadanía y destinado a  beneficiar las grandes mineras, que no realizan las inversiones necesarias en la energía que requieren y que presionan los sistemas de generación y transmisión que pagamos todos los ciudadanos. La minería está imponiendo el sacrificio de regiones completas para su modelo insustentable de desarrollo.

Con estas señales el gobierno también desconoce el derecho de la ciudadanía a expresar su opinión sobre los proyectos energéticos y  sus impactos, y a ser parte activa en la gestación de una política pública para la energía.  El rechazo responde a la forma como se están haciendo los proyectos, a la nula participación ciudadana y a la falta de una política energética que no solo se preocupe de promover iniciativas privadas, sino que tenga una mirada de largo plazo que involucre una noción sobre escalas de proyectos, impactos de éstos y una mirada sobre el territorio.

Chile requiere una política energética diversificada, amplia, contundente y descentralizadora que se haga cargo de los desafíos que enfrenta el país y de los graves impactos que el desarrollo del sector le ha impuesto alas regiones.

Eso implica poner énfasis en la eficiencia energética; en la generación sobre la base de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), como la solar, geotérmica y eólica; en la gestión integrada del territorio y en  la diversificación de los actores y propietarios del sector energético, de modo de generar una  competencia real en el mercado mediante la eliminación de los monopolios de propiedad del sector y en una institucionalidad que permita obtener energía a precios justos en los que que incorporen todos los costos externos, eliminando todo tipo de subvenciones a la generación convencional; de fuentes diversificadas que privilegien las ERNC y la generación distribuida o local  y que sea sostenible, con reducidos impactos locales.

Para ello, primero se requiere construir un consenso y una política como tal. Esto es, que exista una definición con horizontes claros, de largo aliento, en el cual participe toda la ciudadanía y que se base en principios democráticos de igualdad de derechos.

la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria para la Matriz y la Política Eléctrica (CCTP) presentó a fines del año pasado una propuesta al país que recoge estos principios, basada en generar mayor independencia energética, seguridad de suministro, fomento a las energías limpias, eficiencia energética y un cambio a la Ley eléctrica para generar real competencia y dotar al Estado de un verdadero rol estratégico en una materia clave para el desarrollo del país.

Sin embargo, el gobierno insiste en elaborar alternativas a la medida de las necesidades de las empresas y  que, como hemos visto, terminan siendo rechazadas por la ciudadanía.

Instamos al gobierno a escuchar las propuestas de la ciudadanía y no ceder ante los grupos de poder que dominan económicamente a la nación

Fuente:CCTP -Comunicado Prensa CCTP – Publicado 13 junio 2012

 



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