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Pescadores restringen poder a abogados de Conapach y los instruyen a rechazar Puerto y Termoeléctrica Castilla

Pescadores restringen poder a abogados de Conapach y los instruyen a rechazar Puerto y Termoeléctrica Castilla
junio 20
23:18 2012
Imagen Radio del Mar

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“Instruimos expresamente a los abogados Cristian Tapia e Ignacio Poblete, que en caso de insistir la empresa en llevar adelante su proyecto, solicitar el fin del proceso de conciliación y la dictación de los fallos correspondiente por parte de la Tercera Sala de Corte Suprema”, dice el escrito legal presentado por los pescadores en los tribunales. Además les ordenan rechazar todo “tipo de acuerdo, avenimiento o transacción que signifique la aprobación a la construcción de los proyectos Central Termoeléctrica Castilla y su puerto asociado”.

 Pescadores artesanales de Atacama restringieron el amplio poder que le habían otorgado a los abogados vinculados a Conapach Cristián Tapia e Ignacio Poblete y los instruyeron para “solicitar el fin del proceso de conciliación” y que no acepten “a ningún tipo de acuerdo, avenimiento o transacción que signifique la aprobación a la construcción de los proyectos Central Termoeléctrica Castilla y su puerto asociado”.

El 11 de junio de 2012, un día antes de la audiencia de conciliación de la causa en la Corte Suprema, pescadores artesanales y buzos mariscadores de los sindicatos de trabajadores independientes de Caldera y de Bahía de Chasco recurrieron a una notaría pública de esa comuna de Atacama para modificar el patrocinio y amplio poder otorgado a Tapia y Poblete.

El escrito señala que “los abogados Cristián Tapia Fernández e Ignacio Poblete Newman no tendrán ninguna de las facultades indicadas en el inciso segundo del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, especialmente las de transigir y percibir”.

El documento agrega que “instruimos expresamente a los abogados Cristian Tapia e Ignacio Poblete, que en caso de insistir la empresa en llevar adelante su proyecto, solicitar el fin del proceso de conciliación y la dictación de los fallos correspondiente por parte de la Tercera Sala de Corte Suprema”.

Jorge Morales Mandiola, director del Sindicato de trabajadores independientes de Caldera (SICAL) afirmó que “un grupo de 21 pescadores artesanales de dos sindicatos revocamos los poderes a los abogados Tapia y Poblete, pero son muchos más los que se oponen al proceso de conciliación y no están dispuestos a negociar con la empresa la construcción de la termoeléctrica, ni el puerto Castilla”.

Morales precisó que “algunos pescadores siguieron adelante con el mandato amplio entregado a los abogados de Conapach por desinformación, y porque muchos no entienden el proceso judicial”.

Por su parte, Ricardo Araya Valdivia, presidente del Sindicato de trabajadores independientes del mar (SITIMAR) de Bahía de Chasco, señaló que “suman 16 los recurrentes de su organización que le restringieron poderes a los abogados Tapia y Poblete en el juicio de la central Castilla. Nunca fuimos consultados por los abogados sobre el proceso de conciliación con la empresa, el cual rechazamos”.

Los dirigentes denunciaron que Tapia y Poblete se negaron a ingresar el documento al tribunal y que los pescadores debieron hacerlo por su propia cuenta.

El proyecto central Castilla, que se ubicaría en el sector de Punta Cachos, a 80 kilómetros al sur-oeste de Copiapó, de la empresa brasileña MPX, contempla convertirse en la central a carbón más grande de América Latina, al generar 2.500 MW de energía, destinada a las industrias transnacionales mineras. La iniciativa industrial del multimillonario brasileño Eike Batista ha generado un fuerte rechazo de las comunidades agrícolas y costeras del norte de Chile por su impacto medioambiental, económico y social.

ABOGADOS SIGUEN NEGOCIANDO
Pese a la solicitud de los pescadores artesanales, en la última audiencia del caso Castilla, los abogados Cristian Tapia, Ignacio Poblete y Lorenzo Soto, intercambiaron sus propuestas de conciliación con los abogados Andrés Jana Linetzky, de CGX Castilla Generación S.A, y Pedro Pablo Gutiérrez Phillippi, de OMX Operación Marítima Ltda., titulares del proyecto Central Termoeléctrica y Puerto Castilla, respectivamente.

En la audiencia del 12 de junio, los abogados Jana y Gutiérrez dieron a conocer la oferta en dinero y en mitigaciones ambientales que propone la compañía, mientras que fuera del tribunal dirigentes sociales de Totoral y Huasco gritaban consignas en contra de la construcción de la termoeléctrica.

En el escrito, Tapia y Poblete se manifestaron a favor de negociar con la empresa la construcción del puerto para esta termoeléctrica, pero rechazaron que la central. En tanto, Lorenzo Soto presentó una propuesta abierta a negociar ambos proyectos.

Frente a esto, los pescadores afirman que “el puerto Castilla va a generar impacto en el sector de la pesca artesanal, y servirá para futuras decisiones, (lo que) permitirá darle el pase a la termoeléctrica”.

Jorge Morales aseguró que “cuando el juez Sergio Muñoz planteó el proceso de conciliación, los abogados de Conapach fueron irresponsables y tomaron la decisión sin consultarnos. Los abogados, al igual que la empresa, al ofrecernos compensaciones económicas, nos están faltando el respeto”.

“Estamos tratando de comunicarnos con la dirigencia de la Conapach para manifestarle nuestra molestia por el actuar de sus abogados”.

Ricardo Araya, presidente del Sindicato de Bahía Chasco, sostuvo que “los abogados Tapia y Morales pidieron ser remunerados con el 30% de las indemnizaciones que resultaran del juicio”.

“Este comportamiento de los abogados nos distanció, pero luego al ver que no tendríamos los recursos para recurrir a otros profesionales, aceptamos su patrocinio, pero pedían el 35% para su bolsillo”, dijo el dirigente.

Araya agregó que “los abogados de Conapach nos hicieron firmar contratos individuales, y no como sindicato, porque con un solo socio en contra se les iba abajo el ‘entuerto’. Desde el principio pensamos que solo querían ganar dinero”.

El presidente del sindicato señaló además que los abogados Tapia y Poblete se reunieron con la empresa en Santiago a solas, sin los dirigentes de los sindicatos. “La empresa también me ha citado, pero yo me debo al mar, y rechazamos cualquier negociación que les permite construir la termoeléctrica y el puerto”.

CORTE SUPREMA LEGALIZA “COMPRA DE CONCIENCIAS”
Luego de la peculiar audiencia de conciliación, el diputado Alberto Robles (PR), de la región de Atacama, aseguró que “la denuncia en contra de los abogados de Conapach es un problema de relación profesional. Los abogados representan a las partes y son éstas las que tienen que tomar las decisiones. Aquí hay un problema donde el dinero ha entrado a jugar un papel muy importante”.

En opinión del parlamentario, “la propuesta de conciliación de la Corte Suprema es grave porque permite una nueva doctrina en términos judiciales en materia ambiental que afecta el desarrollo democrático del país”.

“La Corte Suprema le está diciendo a la empresa que si quiere que su proyecto se desarrolle tiene que pagar, mientras que a los comuneros si no se sientan a negociar y el proyecto se construye, van a quedar sin nada. Es muy complejo sobre todo cuando el tribunal no va al fondo de la causa que tiene que ver con una situación legal respecto a la actuación del Seremi de Salud de Atacama”, explicó Alberto Robles.

SUPREMA MARCARÍA GRAVE PRECEDENTE
El diputado Robles aseveró que “la decisión de la Corte Suprema da para mucha especulación. Nos hace pensar que el lobby llegó al poder judicial y eso es serio. Es una pésima señal no solo para el caso Castilla, sino por los conflictos ambientales que seguirá viviendo el país, sobre todo ahora que vamos a tener tribunales ambientales”.

La próxima audiencia quedo fijada para el 24 de julio, cuando de no llegar a acuerdo entre las partes, la Tercera Sala de la Corte Suprema debería revocar la dictación de un comparendo conciliatorio, para luego fallar, la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que en fallo unánime ordeno anular los permisos ambientales de la Termoeléctrica Castilla.

El alegato judicial se realiza mientras el gobierno, el empresariado y varios políticos de distintos partidos ejercen una fuerte presión para que este proyecto industrial se imponga en la costa de Atacama. Estos sectores han acusado que la resistencia de las comunidades a los proyectos industriales, como la Central Termoeléctrica Castilla, posterga el desarrollo del país.

Fuente:Radio del Mar – Publicado 20 junio 2012 – Enlace a la fuente de esta Noticia  

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