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Se necesitan regulaciones urgentes para las termoeléctricas

Se necesitan regulaciones urgentes para las termoeléctricas
Junio 29
11:38 2012

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en el blog de Radio Biobio, el 28 de junio 2012. El tema de la generación eléctrica está en la agenda pública, tanto por las peticiones y presiones que realiza el sector empresarial al gobierno, como por el rechazo que provocan en la ciudadanía los proyectos de generación eléctrica, las dos caras de una misma moneda, que evidencian los problemas que presenta la política eléctrica del país.

El hecho que las comunidades locales cada vez estén más dispuestas a realizar actos para sacar a la luz pública sus demandas, pone en evidencia que algo está pasando.

Desde hace un tiempo vemos que crece la oposición a este tipo de proyectos, se realizan marchas, por los correos electrónicos circulan mensajes, por las redes sociales la gente intercambia información, y se realizan también acciones mediáticas como la construcción del ataúd más grande del mundo rechazando la termoelectrica Los Robles durante el gobierno de Bachelet, las acciones en rechazo a la central Barrancones, o la toma de la central Bocamina II hace unos días y el reciente “autoenterramiento” de vecinos que viven aledaños a esta generadora.

Definitivamente, ya no es posible responsabilizar a los “ambientalistas” de la oposición a este tipo de proyectos, pues son las comunidades locales las que están cada vez más activas mostrando su rechazo, que muchas veces se funda en la propia experiencia de vida; basta ver lo que ha estado pasando en la zona de Punchuncaví – Quintero.

Un estudio elaborado por Fundación Terram para el periodo que va entre enero de 2000 y junio de 2011 muestra que de 222 proyectos de generación eléctrica que han pasado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 153 presentan conflictos, y de ellos, 93 son proyectos termoeléctricos. O lo que es equivalente, del total de 222 proyectos que han pasado por el Sistema de Evaluación Ambiental, que representan 26.148 MW, un total de 22.845 MW presentan o presentaron conflicto. De ese total, 16.256 MW (93 proyectos) son termoeléctricos.

Los datos muestran además que el 86% de los proyectos que ingresaron a Evaluación lo hicieron entre el año 2006 y 2011, lo que evidencia que se produjo un masivo ingreso al Sistema a partir del 2006, a raíz de la crisis de abastecimiento de gas con Argentina. Esto genera una concentración de proyectos en evaluación, en su mayoría térmicos.

El argumento del empresariado frente a la avalancha de proyectos es que en los próximos años aumentará la demanda eléctrica debido a la actividad minera, la que actualmente consume cerca de un 37% de la electricidad producida en el país, lo que haría urgente garantizar que estos proyectos se puedan materializar. Sin embargo, el rechazo creciente que presentan este tipo de proyectos da cuenta que existe un problema mayor: un problema de política pública.

El centro del problema es bien simple. En Chile el sistema de generación eléctrica está entregado completamente a privados, por lo que son las empresas las que definen dónde, cuándo y con qué tecnología instalar nuevos proyectos energéticos.

El gobierno no tiene ningún instrumento para ordenar a las empresas generadoras, ya sea por tipo de fuente (hidroeléctrica, termoeléctrica, renovables u otros), por su ubicación, por potencial, etc. Al no existir en el Estado una institucionalidad con instrumentos regulatorios capaces de ordenar la proyección de la demanda, esto queda en manos de las empresas privadas, que sólo deben anunciar sus proyectos e ingresarlos a evaluación ambiental, lo que explica la cantidad de proyectos en evaluación.

Junto con ello, está el hecho que muchas de las plantas generadoras nunca fueron evaluadas ambientalmente, pues son anteriores a que existiera ley ambiental en el país. Esto en el caso de las termoeléctricas puede resultar dramático, y tiene como consecuencia altos niveles de ineficiencia y contaminación al aire de ciertas plantas generadoras, lo que a su vez explica la sensibilidad de la gente frente al este tipo de proyectos.

Aún más, el país no cuenta con regulaciones que establezcan un periodo de vida útil para las generadoras y/o termoeléctricas en particular, lo que permite que funcione una planta como Laguna Verde, que tiene más de 70 años, pero que para sus propietarios resulta rentable. Tampoco hay regulaciones para la tecnología a usar, por lo que no es posible exigir la aplicación de tecnología de punta. Lo que es peor, los combustibles sólidos no están regulados en la ley chilena.

En definitiva, no hay regulaciones ni fiscalización para el tipo de carbón o petcoke que se utiliza en las centrales a carbón. Otro tema que está generando mucha conflictividad, especialmente con las comunidades costeras y pescadores artesanales, es la ausencia de normativa para las emisiones al agua de las centrales térmicas, pues éstas succionan agua del borde costero y la devuelvan 8 a 10 grados más caliente, lo que mata la vida en el área.

Todos estos elementos configuran un escenario muy preocupante; las comunidades no quieren más proyectos en su zona, los empresarios reclaman y presionan por que se les aprueben proyectos, la institucionalidad ambiental está cuestionada y las regulaciones son claramente insuficientes. La pregunta es qué pasara ahora, ¿Será capaz el gobierno de asumir su rol y cautelar el bien público, o seguiremos en una creciente conflictividad sin solución?.

Fuente: Terram – Blog RBB – Publicado 28 junio 2012 – Enlace a la Fuente de esta Noticia 

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