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Según Estudio UChile:Informe identifica vacíos en marco legal de proyectos eléctricos

Según Estudio UChile:Informe identifica vacíos en marco legal de proyectos eléctricos
julio 18
15:44 2012
Fotografía Plataforma Urbana

Fotografía Plataforma Urbana

Además, cuantifica los costos del retraso en la entrega de cada una de las centrales de HidroAysén.
El retraso en un año de cada una de las centrales que componen el proyecto hidroeléctrico HidroAysén equivaldría, en valor presente, para una evaluación de planificación centralizada en el horizonte 2012-2030, a un monto que oscilaría entre US$ 160 millones y US$ 360 millones, dice Rodrigo Palma, Director del Centro de Energía de la Universidad de Chile.


Ello, sobre la base del estudio “Análisis de Casos de Recursos Administrativos y Judiciales Relacionados con la Tramitación de Permisos para Proyectos del Sector Eléctrico y sus Efectos en la Inversiones del Sector Energía”, en el que participó, en donde se refleja que si cada una de las centrales del complejo se atrasaran en un año y el sistema reaccionara de forma óptima a ello, el costo para el sistema llegaría a unos US$ 159 millones, en valor presente.

En caso de que el sistema no reaccionara en nada, el costo para el sistema sería de unos US$ 388 millones. Ambos extremos son difíciles que se den en la práctica, por lo que se estima que el valor se situaría en el intervalo de tales valores, asegura.

El propósito del estudio fue el de “identificar los errores, vacíos o ambigüedades de nuestro marco legal que propician la judicialización de los proyectos del sector eléctrico”, dice Pilar Moraga, investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Según Moraga, entre las causas de la judicialización se encuentra la “magnitud del proyecto”, pues hay una relación entre el tamaño del proyecto y el nivel de judicialización que se produce. Otras causas son los defectos del sistema de evaluación de impacto ambiental e “inoperancia de la evaluación ambiental estratégica”, los defectos en la participación ciudadana e implementación del Convenio 169, la inadecuada distribución de las cargas ambientales, los problemas en la definición de la línea de base y las deficiencias en materia de ordenamiento territorial.

Fuente Universidad de Chile – Publicado miércoles 18 julio 2012 – Enlace a la Fuente de esta Noticia

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