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Carretera Eléctrica

Carretera Eléctrica
agosto 03
06:13 2012

El sistema de energía eléctrica en Chile es muy concentrado, el 90% está a cargo de tres empresas. La transmisión y distribución son reguladas y tienen garantizadas por ley una utilidad del 10%, descontando todos los costos y gastos. El Sistema Interconectado Norte Grande, que tiene 4.550 MW va desde Arica hasta Antofagasta. El Sistema Interconectado Central, 12.966 MW de Tal Tal a Chiloé. Más al Sur son monopolios como Edelaysén y Edelmag. Chile tiene uno de los costos más altos de energía de Latinoamérica, producto de lo cerrado del sistema y el que no existe una estrategia que permita diversificar los emprendimientos y sacarlos de la mera competencia. Por ejemplo, el año 1997 se hizo a base de gas argentino todo el Plan Indicativo de Obras del país, se basó en centrales térmicas de ciclo combinado a gas natural. Como se había advertido, el vecino país el año 2004, privilegió su consumo interno cortando el gas, lo que le significó a Chile un costo muy alto.

Solo las Energías Renovables No Convencionales, ERNC, han presentado al Sistema de Evaluación en distintas fases más de 7.700 MW, por 22.000 MUS$. Se requiere una política de Estado y sacar adelante la Ley 20-20 aprobada por el Senado para hacerlas realidad.

Las soluciones por las vías de megaproyectos hidroeléctricos en la Zona Austral de la Patagonia Chilena, aparte de generar graves perjuicios irreversibles en áreas completas del país, requieren de muchas líneas de transmisión. Este modelo los ha llevado a colgarse de una carretera eléctrica y pretender cargarlo a la cuenta de los chilenos. La interconexión del Norte Grande con el Central y el refuerzo para que puedan entrar proyectos medianos, centrales hidroeléctricas de pasada y las ERNC, tienen que establecerse en forma previa y clara con las viabilidades y rentabilidades de cada uno de los proyectos que la pretendan usar. Si mediante este proyecto de carretera se pretende facilitar sólo para megaproyectos, las servidumbres de paso que puedan afectar el turismo, vivienda, producción natural, áreas protegidas, de interés histórico, arqueológico y las comunidades indígenas, más reducir las indemnizaciones, procesos ambientales y así adquirir franjas públicas, sólo será viable con procesos previos de Planificación Estratégica Participativa y mejorando la institucionalidad ambiental y de energía.

Las licitaciones de estudios para estos efectos requieren de una importante participación regional y el contemplar la energía distribuida, es decir generada cerca de los lugares de consumo.

Fuente Diario de Aysén – por Antonio Horvath Kiss – Publicado 29 julio 2012 – Enlace a la Fuente de esta Noticia 

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