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En el Chile de hoy, no se ha tipificado el delito ambiental

En el Chile de hoy, no se ha tipificado el delito ambiental
Agosto 21
08:30 2012
andres-gilmore-elchelenko.cl

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Artículo Opinión. En Chile la destrucción ambiental no ha sido menor tanto en el norte como en el sur del país. Los hechos nos demuestra como la destrucción de ríos, lagos y humedales, es una práctica que fue aceptada como normal hasta hace unos pocos años atrás.

Los delitos ambientales son todo aquello que amenace, al hombre, su calidad de vida, su eco-sistema, la proyección social y económica de un territorio. Lo más importante de este concepto moderno reconocido hace unas pocas décadas, es defender ante todo al ser humano, su desarrollo consecuente y sustentable como su proyección de futuro y lo más importante, la familia como núcleo de desarrollo que permite su crecimiento y su posterior desarrollo. El país que no tenga claro el concepto de lo que significa el delito ambiental y de su verdadera importancia y no sepa aplicarlo en políticas de desarrollo, sin duda estará afectando negativamente la calidad de vida de sus habitantes y más temprano que tarde, tendremos un fin desastroso para las actuales y futuras generaciones que serán obligadas a convivir con ellas.

En Aysén tenemos claridad en este tema, por la urgencia de vivir por años con la intención por parte del gobierno de construir HidroAysén a como de lugar, sin guardar los resguardos correspondientes en materia ambiental y seremos testigos en la práctica en caso de concretarse el proyecto de represar los ríos de Aysén, de la crónica en vivo de un desastre ambiental anunciado.

Con ese escenario si el país necesita energía o no, Aysén será una variable pequeña en la ecuación final, ante el verdadero problema ambiental con el cual tendremos que convivir en Aysén, que el estudio de Impacto Ambiental presentado por HidroAysén no ha tenido la capacidad de clarificar precisamente los problemas futuros y sobre todo de entregar las posibles soluciones, que es el fundamento básico de lo que representa un estudio de impacto ambiental profesional y certero y de ahí la insistencia de los habitantes de Aysén en exigir respeto.

En Chile la destrucción ambiental no ha sido menor tanto en el norte como en el sur del país. La práctica nos demuestra como la destrucción de ríos, lagos y humedales por empresas de todo tipo sin ética, es una práctica que fue aceptada como normal hasta hace unos pocos años atrás. Primeramente por la falta de conciencia de las generaciones pasadas de chilenos, en no entender la importancia de estos temas a nivel de Estado y proyectar una política seria en este sentido. En segundo lugar a raíz de lo primero, no tenemos una ley ambiental que obligue a las transnacionales o empresas nacionales a respetar el medio ambiente, con reglamentos y leyes de acuerdo con ese fundamento. Con tribunales ambientales regionales con total independencia, que tengan a su haber puniciones hacia los responsables, no solo en dinero como se acostumbra en estos casos, como de cárcel real y efectiva para los ejecutivos que cometan estos delitos, donde la posibilidad de ir a la cárcel permita reflexionar a estos personajes y lo piensen dos veces antes de destruir el medio ambiente y la vida de las personas, con decisiones que hasta ahora han sido sustentadas por motivos netamente económicos, pasando por alto el medio ambiente y la vida de las personas. No podemos ser serios en estrategias de desarrollo sin aliar la justicia social con la justicia ambiental.

En Chile el delito ambiental no se ha tipificado aun, lo que representa una clara contravención a los derechos básicos de los habitantes de Chile, que demuestra en la práctica la poca valía del ciudadano actual para los gobiernos. Posibilitado por un estado inexistente en estos temas, que más le interesan en la práctica las empresas que las personas. Contamos en la actualidad con un vacio legal de proporciones, que ha permitido que un HidroAysén, un Energía Austral y un Achibueno sean viables en Aysén y en la séptima región y eso a favor del futuro es algo que se tiene que modificar si queremos un país sustentable y con proyección de vida.

En 1998 exactamente el 3 de junio de un crudo invierno Aysenino según recuerdo, se registra la única moción parlamentaria en este sentido, de reglamentar el delito ambiental, con el registro 2177-12 de la cámara de diputados es presentada la moción por los diputados Leopoldo Sánchez de Aysén, Juan Bustos, Zarko Luksic y Aníbal Pérez.

Es inconcebible que hoy la mega minería de Chile este en manos de las transnacionales extranjeras y que además estas empresas no tengan la exigencia por parte del Estado, de desarrollar un plan de acción para generar su propia energía en base a energías renovables que les permita operar de buena manera. Pretendiendo que proyectos como lo es el propio HidroAysén les solucione el problema energético y sin ninguna conciencia, destruir la región de Aysén a más de dos mil cuatrocientos kilómetros de distancia.

Se tiene estipulado según estudios actuales que la inversión extranjera de los próximos 20 años en el área de la mega minería en Chile, será de alrededor de 50 mil millones de dólares. Esta noticia es por si misma una gran noticia para todos los chilenos, debería ser motivo de alegría, pero deja de serlo cuando estas transnacionales que sólo buscan solucionar sus problemas, no son obligadas a presentar proyectos paralelos de generación energética para operar y a respetar el medio ambiente, transformándose en la gran paradoja de un país con ínfulas de desarrollado y además miembro de la OCDE, pero que en materia energética no se respeta así mismo y se expone con una muy débil reglamentación y con una nula fiscalización ambiental, que permite que esa misma inversión extranjera se transforme en un boomerang de destrucción, simplemente por no tener la capacidad de condicionar esa inversión con reglas claras.

En Chile no existe en la realidad actual una fiscalización certera a los estudios de impacto ambiental que presentan las empresas, para ver la viabilidad real de estos proyectos y aun fuera de todo propósito, no contamos con una adecuada legislación de hechos que representan la negación de nuestro gobierno como nación sustentados por una legislación mediocre y obsoleta, donde las mismas empresas transnacionales interesadas en estos proyectos mineros o energéticos presenten sus propios estudios de impacto ambiental, lo que es en si mismo una aberración. Que además los estudios presentados no tengan una auditoria externa con una contra-parte profesional que represente los intereses ciudadanos de los territorios afectados, por un ente reconocido y neutral, que entregue las garantías necesarias de que las cosas se realizan bajo fundamentos certeros, profesionales y adecuados.

El modelo actual permite que el servicio de evaluación ambiental (SEA) no cuente en sus filas con representación de las propias comunidades que serán afectadas, como lo son las juntas de vecinos, corporaciones de desarrollo, municipalidades y asociaciones gremiales que podrían dar opiniones y sugestiones. Hoy el modelo de evaluación ambiental está permitiendo que el costo real para el país y para sus habitantes sea enorme, especialmente en regiones, por proyectos auspiciados por el mismo gobierno sin el respeto que se merecen los ciudadanos, que además estas intenciones responden sólo a intereses políticos-empresariales, dejando de lado a las comunidades y sus justos intereses.

Fuente El Conce Cuente -por Andrés Gillmore – Publicado martes 21 agosto 2012 – Enlace a la fuente de esta información 

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