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¿A quiénes beneficia la carretera eléctrica?

¿A quiénes beneficia la carretera eléctrica?
septiembre 13
06:51 2012

Empresarios y el gobierno han declarado que el modelo de desarrollo eléctrico aplicado en Chile se basa en un mercado competitivo de generación, con acceso abierto al uso compartido de los sistemas de transmisión y un sistema de transmisión suficiente que asegura la competencia en la generación y la seguridad en la transmisión y distribución.
Pero existen desde hace años problemas estructurales que contradicen dichas declaraciones.

Por el contrario, Chile enfrenta hoy una crisis de múltiples dimensiones en el sector eléctrico: altos niveles de dependencia de combustibles importados, una creciente carbonización de la matriz lo que redunda en mayor contaminación, elevados precios de la energía, inseguridad en el abastecimiento local por restricciones hídricas y estrechez en los sistemas de transmisión.

Junto a la ausencia de una política de seguridad y sustentabilidad eléctrica, se ha manifestado durante la última década un creciente malestar ciudadano ante el continuismo del actual modelo de desarrollo eléctrico. Destacándose en el inicio un rechazo al desarrollo de grandes centrales hidroeléctricas en territorio indígena y masificándose posteriormente contra el importante incremento de generación termoeléctrica sobre la base de carbón y pet-coke en localidades ya contaminadas, en áreas de producción agrícola o en zonas dedicadas al turismo y la pesca artesanal; manifestándose en la actualidad rechazo local, regional y nacional ante proyectos que amenazan la salud, los medios de subsistencia y las prioridades de desarrollo que las comunidades y regiones han privilegiado para sus territorios.

A pesar de estas señales políticas, los sucesivos gobiernos han continuado administrando una modalidad de desarrollo eléctrico, que amparado por la Ley General de Servicios Eléctricos (DFL Nº 1 de 1982) que entregóal sector privado la conducción del desarrollo eléctrico en los segmentos de Generación, Distribución y Trasmisión; y que durante 30 años ha enriquecido a un pequeño grupo de empresas, a costa del interés público y del patrimonio natural del país.

La masividad de las movilizaciones ciudadanas, los estudios de opinión pública y el contenido de las iniciativas de ley propuestas por los parlamentarios en los últimos años (tales como la ley de Net-metering, la ley 20% ERNC al 2020) son evidencias macizas y coherentes de una crisis en la política eléctrica que las autoridades deben escuchar.

No obstante, las empresas se concentran en reclamar la demora en la tramitación de los proyectos de generación y trasmisión, y la “incertidumbre” para sus inversiones; demandando a la autoridad simplificar y acelerar los procedimientos de aprobación de las servidumbres eléctricas que gravan a otros sectores económicos y sociales; y entregar condiciones prioritarias a la inversión eléctrica, por sobre las condiciones de inversión de otros sectores económicos. También solicitan al Estado apoyo público directo con el fin de determinar franjas expropiables de “interés público”, que los privados puedan utilizar para emprendimientos de beneficio privado.

El Estado, por su parte, muestra gran sintonía con las demandas del gremio eléctrico y en lugar de perfeccionar el marco jurídico en crisis que esta generando vulnerabilidad, conflictos territoriales, distorsiones de mercado, se apresura en enviar al Congreso proyectos de ley (no consultados, ni concensuados) que generan condiciones excepcionales para los concesionarios eléctricos por sobre los territorios y otros actores económicos.

Adicionalmente, anuncia un cambio en la concepción de los sistemas de transmisión, de servidumbres y de planificación territorial, expropiando y poniendo a disposición de los concesionarios eléctricos una o varias franjas de territorio “de interés público” que llama “carretera eléctrica pública” para ser usadas por emprendimientos exclusivamente privados.

Recomendaciones de política pública

Las obras de expansión del SIC que se encuentran actualmente en ejecución debieran ir solucionando paulatinamente las actuales congestiones ubicadas de Alto Jahuel al norte y de Charrúa al sur. Sin embargo, otras obras importantes están recién siendo licitadas y su entrada en servicio está prevista para 2016.

Estas deberían generar una mejora sustancial de la transmisión troncal, optimizando su capacidad de respuesta a continencias severas, con sistemas modernos de control de las fallas para evitar desmembramientos o apagones y un sistema bien dotado e incorrupto de fiscalización.Pero ello requiere que el Estado realmente obligue el cumplimiento y controle la actual Norma Técnica de Calidad y Seguridad de Servicio (NTCSS), y también mejore los requisitos de operación del sistema. La falta de cumplimiento de la norma por parte de los privados, y la ausencia de control por parte del ente regulador, quedó en evidencia en los apagones de 2011.

Además es urgente desarrollar una Expansión Troncal de largo plazo, es decir para 20 o 30 años, y no solo para cuatro como ocurre en la actualidad. Esta proyección, diseño y planificación debe considerar las incertidumbres, incluir escenarios con diversas opciones de generación, priorizando la confiabilidad del sistema y considerando análisis de riesgo en las decisiones.

Es necesaria también una planificación permanente de la Transmisión Troncal por parte del Estado en conjunto con los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC), los cuales deben ser constituidos como Centros de Operación Independiente (COI) de los Sistemas Eléctricos (tal como recomendó la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria en 2011).

Chile no puede perpetuar la estructura de transmisión del pasado, cuando el mundo entero va hacia los sistemas inteligentes y distribuidos, por su mayor estabilidad y eficiencia ambiental, económica y energética: la planificación de la expansión de los sistemas de trasmisión troncal, de subtransmisión y los sistemas adicionales deben reestructurarse bajo el concepto de sistemas inteligentes y generación distribuida; como así mismo cumplir condiciones de ordenamiento territorial, que permita compatibilidad con la protección ambiental y las prioridades del desarrollo regional.

Los estudios de expansión troncal, además de las condiciones de ordenamiento territorial, deben considerar sistemas y procedimientos de servidumbres que respeten la igualdad frente a la Ley de los concesionarios eléctricos y los propietarios de los territorios rurales y los bienes nacionales de uso público

Y antes de priorizar la interconexión entre los sistemas interconectados SIC y SING, el Estado debe realizar los estudios necesarios para determinar si los beneficios sociales superan los costos de dicha interconexión, o más bien ello responde al interés de los grandes generadores y grandes consumidores privados, como las empresas mineras. Estos estudios deben ser públicos e independientes, e incluir tanto el diseño y trazado de la interconexión, como también la distribución de los costos y beneficios de dicha conexión SIC-SING.

Finalmente, y ante las dificultades que enfrentan las empresas del sector en la obtención de permisos ambientales y de concesiones para servidumbres de paso, es necesario aclarar al gobierno que, más que modificaciones legales para un fast track como el que propone la Ley de Concesiones Eléctricas (que aceleran la tramitación de las concesiones eléctricas para inversores privados, a costa de los derechos de las comunidades locales y de otros emprendedores que solo intensificará aún más los actuales conflictos que enfrenta el sector), el gobierno debe generar una planificación de largo plazo del desarrollo eléctrico y buscar los procedimientos para la participación ciudadana y de las regiones que permita alcanzar los consensos sobre dónde, cuándo y cómo se hará el desarrollo eléctrico del país.

Fuente: El post – por Sara Larraín – Publicado 12 septiembre 2012 – Enlace a la Fuente de esta Noticia

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