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El juez que derribó la central Castilla

El juez que derribó la central Castilla
Septiembre 03
09:10 2012
Foto La Tercera

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La mayoría de los análisis que esta semana se hicieron por el fallo de la Tercera Sala que rechazó el estudio ambiental de la termoeléctrica apuntan a su presidente, el ministro Sergio Muñoz, y a su mirada sobre el rol que debe cumplir la Suprema, especialmente en materia medioambiental.

“Les voy a contar lo que es la negociación. Lo aprendí en un bazar de Turquía. Allí yo quería comprar algo y había otra persona que me quería vender algo, y ese era el único punto de acuerdo entre los dos, pero yo sabía que en algún momento íbamos a llegar a un acuerdo en el precio. Por eso yo les propongo que logremos un acuerdo donde todos salgan beneficiados”, le dijo el ministro Sergio Muñoz a unos sorprendidos abogados, el 12 de junio, en la Tercera Sala de la Corte Suprema.

Acababan de terminar los alegatos por una causa iniciada 17 meses antes en la Corte de Apelaciones de Copiapó, cuando cerca de 200 pescadores, algueros y vecinos de la pequeña localidad de Totoral, en la Tercera Región, decidieron recurrir de protección en contra de la Resolución de Calificación Ambiental que acababa de aprobar el puerto y la central termoeléctrica Castilla, con una inversión total de US $ 5.000 millones.

El proyecto, perteneciente a la empresa brasileña MPX y al conglomerado alemán E.ON, había sido declarado como estratégico por las autoridades y el sector privado para la generación de electricidad, con miras a las inversiones mineras y el consumo privado proyectados de aquí al 2020. Por eso, lo que resolviera la Suprema sería el capítulo final de una polémica tramitación ambiental iniciada.

Como todos los ojos estaban puestos en el fallo, la propuesta del ministro descolocó a los representantes de Castilla -Pedro Pablo Gutiérrez y Andrés Jana- y a los abogados de los pobladores -Alejandro Toro, Lorenzo Soto, Ignacio Poblete y Cristián Tapia-. En la tramitación de un recurso que alega actos que vulneran derechos constitucionales, nunca se había llamado a las partes a negociar.

“Nos sorprendió mucho que se llamara a conciliación. Le dijimos a Muñoz que para nosotros esto no era una negociación, porque los derechos fundamentales no se pueden transar ni aceptar que se vulneren por más o menos dinero. Nosotros alegábamos por el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero él nos explicó que no había un procedimiento rígido para ver estos recursos y que su experiencia en conciliaciones le indicaba que esta era una buena manera de llegar a acuerdo”, explica Toro.

El abogado -que representa a 80 vecinos de Totoral- relata que Soto, Poblete y Tapia sí aceptaron participar de ese proceso inédito en la Suprema, al igual que los representantes de Castilla. Sin embargo, todo quedó en nada. Como sus clientes siguieron adelante, la sala terminó por rechazar el proyecto, estableciendo ilegalidades en su aprobación, como haber presentado el puerto y la central de forma separada a la evaluación ambiental; no haber sometido a estudio la conexión entre ambas partes, y haber sido calificada como industria “molesta” y no “contaminante”.

La resolución fue acusada de debilitar la institucionalidad y de cambiar las reglas del juego para los inversionistas, al punto de que Eike Batista, dueño de MPX y el séptimo hombre más rico del mundo según Forbes 2011, dijo que “se está volviendo imposible invertir en Chile”. El remezón fue grande.

La sentencia fue analizada en los principales bufetes de la plaza, en círculos académicos y en los gobiernos corporativos de las firmas ligadas a la energía. En todos ellos, las miradas recaían en Muñoz, como el artífice de una nueva forma de entender las leyes del rubro, que dejaba en entredicho la estructura actual basada en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).

La figura del ministro volvió a tomar notoriedad, tal como el 2002 lo hizo al resolver el asesinato de Tucapel Jiménez y el 2003, al asumir el caso Spiniak. En cada episodio, Muñoz ha dado muestras de los principales signos de su personalidad: estudioso de los detalles y con una visión personal de la forma en que se debe administrar justicia. “Si en el camino hay efectos colaterales, ese no es su tema”, dicen quienes lo conocen.

El supremo con mayor proyección en términos de influencia y años en el cargo (lleva siete y le quedan 20, pues los ministros jubilan a los 75) nació en Villa Alegre, en 1957, y cursó su educación básica en Talca. Para la media viajó a Santiago, al Internado Nacional Barros Arana, y en 1976 se matriculó en Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso.

En 1982 ingresó como oficial segundo al Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso y hasta 1987 fue juez suplente en Putaendo y Los Andes. En 1996 asumió como relator en la Suprema y, dos años después, fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. En tribunales se hizo conocido por su bajo perfil, escasa vida social y pocos amigos.

En abril de 1999, cinco meses después de llegar al tribunal de alzada, fue nombrado en el caso Tucapel Jiménez en reemplazo de Sergio Valenzuela Patiño, quien lo había tramitado por 17 años sin obtener resultados. Tres años después, Muñoz resolvió la causa tras obtener la confesión del autor material del crimen: el ex agente Carlos Herrera Jiménez. Su investigación le dio fama y reconocimiento, en un sumario donde innovó en la manera de indagar y de aproximarse a los imputados.

Implementó careos múltiples, con los que obtuvo valiosos relatos de ex agentes, al citarlos de manera conjunta y sin aviso previo, para usar a su favor el factor sorpresa de verse desenmascarados. En los interrogatorios siempre mantuvo un tono distante con los imputados, pero a la vez amable, como una estrategia para obtener antecedentes.

En el caso Spiniak, que asumió en noviembre de 2003, estableció una relación casi paternal con Gema Bueno, esperando obtener su confesión. Pero fue esta indagación la que también le trajo críticas, pues Bueno admitió en la prensa -y no en el expediente- haber mentido al acusar a Jovino Novoa. Muñoz tardó mucho en aceptar que ella mintió, pese a que desde sus primeros interrogatorios los indicios estaban bastante claros.

En esa época, la UDI tenía una visión crítica de su trabajo, pues le reclamaban haberse demorado mucho en procesar a la joven, pese a que esta había confesado ante Carabineros con anterioridad. Un destacado militante gremialista señala que Muñoz se demoró en sobreseer a Novoa, pero que le reconocen no haber pedido nunca su desafuero.

El 2004 Muñoz tomó el caso Riggs, por las cuentas secretas del fallecido general Augusto Pinochet y, un año después, el ex Presidente Ricardo Lagos lo propuso como supremo. Según fuentes de la UDI, la evaluación política fue que haberse opuesto a su nombramiento hubiese significado reabrir el caso Spiniak, por lo que decidieron no vetarlo.

Así, llegó al máximo tribunal con 48 años, como el supremo más joven de la historia. Hoy, con 55, es la cuarta antigüedad, por lo que debiera ser presidente en un período más, después de Nibaldo Segura. Pese a tener un círculo de cercanos reducido, la influencia de sus fallos es tema en tribunales, donde algunos ministros le critican lo que llaman un afán de reinterpretar constantemente la manera de ejercer el derecho.

Un ejemplo citado al interior de la corte es lo que hizo en el juicio por la extradición a Colombia del chileno Manuel Olate, cuando se instaló en la sala de pleno para oír a las partes y sus testigos por un mes, como si fuera “un juicio oral” (instancia que no existe en el sistema antiguo). Finalmente rechazó la extradición, pero la Segunda Sala anuló su sentencia, estableciendo como un error que él hubiera realizado un “juicio oral”.

En enero de 2012, Muñoz se cambió desde la Primera a la Tercera Sala, marcando un hito en la tramitación de los recursos ambientales con sus resoluciones. Su postura ha sido celebrada y resistida por sus colegas.

Abogados del sector afirman que una de las primeras señales de lo que se venía fue el fallo que redactó en 2002 por la revocatoria de la aprobación ambiental de la planta Itata de Celulosa Arauco. En esa oportunidad, el tribunal estableció que todas las partes del proyecto (planta procesadora, explotación forestal y una línea de transmisión de energía) debían evaluarse como un todo, y defendió la potestad de la corte: “Nada obsta que los tribunales ejerzan sus facultades jurisdiccionales”.

Este año, la Suprema ha rechazado tres proyectos: la central hidroeléctrica Río Cuervo de Aysén, el Parque Eólico de Chiloé y el proyecto minero El Morro de la Región de Atacama. En sus respectivos fallos, los ministros han cuestionado la forma y el fondo en que se entregaron los permisos ambientales.

Por eso, tras divulgarse el rechazo a Castilla, la discusión se ha centrado en tres aspectos.

El primero es el llamado a conciliación que, con acuerdo de la corte, el ministro propuso antes de emitir un juicio sobre el tema.

Destacados abogados del área medioambiental aseguran que fue una medida inédita y contradictoria, considerando que se negoció la vulneración de derechos y que, de haberse logrado un acuerdo, las ilegalidades que fundamentan el fallo habrían sido pasadas por alto. Sobre este punto, en tribunales defienden la decisión de la sala, señalando que, al haber consensuado nuevas mitigaciones, la vulneración de derechos se reducía.

Sergio Montenegro, director del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, agrega que “es inédito el llamado a conciliación, pero la corte puede tomar estas medidas para resolver mejor”.

El segundo tema en discusión es que el dictamen puede establecer un precedente complejo al exigir que los proyectos -en todas sus partes- deben tramitarse en conjunto. Luis Cordero, experto en derecho administrativo, señaló a la prensa que la Suprema está reinterpretando la ley, lo que “afecta los proyectos más complejos” como HidroAysén, cuya tramitación fue aceptada separadamente de la línea de transmisión.

Una tercera área de análisis es que, al establecer nuevas mitigaciones, la Suprema estaría asumiendo parte del rol que le corresponde al Seia en el proceso de evaluación ambiental. Con ello, se generaría incertidumbre para futuras iniciativas, ya que, a la luz de este nuevo procedimiento, no bastaría con haber cumplido ante el Seia, pues la corte puede elevar o modificar las exigencias.

La creación de los Tribunales Ambientales, cuya ley se aprobó en junio, es otro aspecto que ha rondado los debates sobre el fallo. Cuando el tema era discutido en el Congreso, la Corte Suprema -por medio de un informe en el que participó Muñoz- cuestionó estas instancias. Por ello, también hay abogados que leyeron el dictamen como una señal de protesta y rechazo a los tribunales que comenzarán a operar en diciembre. “Somos jueces profesionales”, se le ha oído decir a Muñoz en estos días, resaltando sus resoluciones en Itata y Río Cuervo.

En el entorno del juez rechazan las críticas y defienden el llamado a conciliación, señalando que es deber de los tribunales fomentar el acuerdo entre las partes, lo que constituye su principal mandato legal: resolver conflictos. Esta postura de Muñoz quedó claramente establecida en el fallo de Itata, donde resaltó esta misión de los tribunales.

La interpretación de Muñoz, resaltan las mismas fuentes, fue compartida por toda la sala, que promovió el intento de llegar a acuerdo (aunque en tribunales hay consenso de que Muñoz ejerce un tutelaje importante en esta instancia). En la conciliación, Castilla comprometió US$ 17 millones extra a los US$ 500 millones que ya estaban incluidos en el EIA y modificó un aspecto sustancial del proyecto: eliminó el diésel como combustible. Dos puntos a favor que resaltan quienes defienden el rol asumido por la Suprema.

En tribunales también destacan que no se justifica el temor de que la sentencia sea extrapolable a proyectos como HidroAysén.

Otro punto rechazado entre los miembros de la Tercera Sala es que la sentencia de Castilla sea una respuesta al gobierno por la promulgación de los Tribunales Ambientales.

Consultado sobre la visión de que el fallo pone en jaque la institucionalidad ambiental, el ministro de Energía, Jorge Bunster, señaló que “la institucionalidad existe de este modo y es lo que todos deben respetar. Sin embargo, hay que revisar de qué manera se puede regular el hecho de que los legítimos intereses particulares se puedan equilibrar con los intereses generales del país”.

René Muga, gerente de Generadoras de Chile, dijo que la sentencia “hace patente la necesidad de avanzar en la reducción de espacios de discrecionalidad en los mecanismos de evaluación. Se requiere ver cómo mejoramos los procesos evitando interpretaciones”.

Alejandro Jadresic, ex ministro de Energía de Eduardo Frei y miembro de la Comisión Técnica del Desarrollo Eléctrico, indica que “hay una creciente judicialización y eso está generando incertidumbre”.

A su vez, Montenegro dice que el proyecto “no está muerto, se puede volver a reflotar. No se justifica la campaña del terror” y defiende lo obrado por la sala. Sin embargo, advierte que “se puede esperar todo de la Suprema, hay criterios muy diferentes”.

Al interior del máximo tribunal comentan que es inútil discutir sobre las atribuciones que puede o no tener la Tercera Sala al tramitar los recursos de protección, ya que por su propio reglamento, la última instancia de apelación de los Tribunales Ambientales es justamente la sala constitucional. “Al final todo llegará a Muñoz, cualquiera sea el camino”, sentencia un supremo.

Fuente:LaTercera – por por M.O. Rivas y E. González – Publicado 01 Septiembre 2012 – Enlace a la fuente de esta Noticia

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