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La Moneda vs. Suprema: una pugna sin vencedores

La Moneda vs. Suprema: una pugna sin vencedores
septiembre 17
07:00 2012
latercera-ministra

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La ministra María Ignacia Benítez buscó cristalizar la inquietud que existe en el gobierno por el actuar de la justicia en la tramitación de proyectos de impacto ambiental. La dura réplica de la Corte Suprema abrió un escenario de una acusación constitucional que finalmente no prosperó. La relación entre ambos poderes, sin embargo, sigue transitando por un frágil equilibrio.

Benítez -ya autorizada por Piñera- buscó cristalizar la creciente inquietud que se instaló en el Ejecutivo -compartida por el mundo empresarial- por lo que entienden es una excesiva judicialización de proyectos, lo que a juicio de varios secretarios de Estado ha ido desarmando la institucionalidad ambiental. Según cifras que maneja el Ejecutivo, entre los años 2006 y 2009 la justicia dejó sin efecto seis Resoluciones de Calificación Ambiental, cifra que se elevó a 25 desde 2010 a la fecha.

En los días previos a su intervención, la titular de Medio Ambiente -ingeniera civil de la U. de Chile, militante UDI, tres hijos, separada- consultó el tono que tenía que usar con el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, y con el secretario general de gobierno, Andrés Chadwick. El primero, revelan fuentes de gobierno, le recomendó circunscribirse a un análisis técnico del fallo que emanó de la sala penal que preside el juez Sergio Muñoz. El vocero, en tanto, le pidió que si se iba a referir al Poder Judicial, lo hiciera con respeto.

Donde todos coincidían, sin embargo, era en que había que enviar una señal concreta de que el magistrado había fallado “contra la ley”, al no respetar la institucionalidad ambiental. Según el análisis técnico que la ministra pidió al Sistema de Evaluación Ambiental, que dirige Ignacio Toro, hubo dos errores del fallo de Muñoz: 1) Una confusión al interpretar aspectos técnicos del proyecto, que llevó a concluir erradamente que el puerto y la central se habían evaluado como proyectos separados; y 2) Suponer que el proyecto empleará diésel en todas sus partes y que no se evaluó el impacto ambiental de los camiones de diésel en el puerto, siendo que la propuesta original contemplaba el uso de este combustible exclusivamente mientras el puerto no estuviera en ejecución.

A partir de este análisis, la secretaria de Estado hizo duras declaraciones el lunes a El Mercurio. Ahí cuestionó que la Suprema se pronunciara sobre un tema que era de competencia de la autoridad ambiental, aseguró que el fallo incurre en errores y expresó que la institucionalidad quedó “en entredicho”.

En un gobierno que ha vivido varios episodios de tensión con el Poder Judicial -principalmente a raíz del juicio crítico que existe sobre la forma en que algunos fiscales y jueces han encarado delitos de orden público y seguridad ciudadana- Benítez ya había protagonizado un solapado round a raíz de la creación de los tribunales ambientales. Una iniciativa emblemática para la actual administración, que buscaba homologar una tendencia mundial (41 países tienen esa institucionalidad), pero que nunca contó con el apoyo de los magistrados. Algo que quedó de manifiesto en un documento redactado en 2010, bajo el mandato de Milton Juica, donde se cuestionaba las atribuciones de la nueva instancia y se cuestionaba la pérdida de la tuición “en lo que a nombramientos se refiere y que tradicional e históricamente le ha correspondido (a la Corte Suprema) en cuanto a magistrados se refiere”.

La preocupación en el Ejecutivo, y particularmente en las carteras vinculadas a temas energéticos, venía en aumento. En el gobierno, asegura un ministro de Estado, lo que más inquieta es el progresivo endurecimiento en el actuar de la Suprema. Si antes sólo pedían modificaciones para que el proyecto se ejecutara, ahora simplemente lo paralizan, se lamentan en Palacio. Por eso, lo que perciben detrás del fallo de Muñoz es una intención de marcar territorio, de dejar sentado que son ellos los que van a decir la palabra final.

En el gobierno están preocupados de los efectos que pueden tener estos fallos en la generación de electricidad. Y al mismo tiempo, han adquirido plena conciencia de la fuerte preocupación que se ha instalado en el mundo privado. En esa lógica se enmarcan las reuniones que un grupo de ejecutivos de Castilla sostuvieron la semana pasada con el titular de Energía, Jorge Bunster, y con la propia Benítez. En dichas reuniones, plantearon su desconcierto: no entendían que el proyecto fuera revertido a estas alturas, cuando ya habían obtenido las resoluciones ambientales.

A primera hora del lunes, en los pasillos del Palacio de Tribunales, el comentario obligado eran los dichos de la ministra. La molestia también se palpaba en el despacho del presidente de la Suprema, Rubén Ballesteros, quien junto a sus asesores analizó los alcances de la entrevista. Pese a que tanto en el mundo judicial como en el gobierno es considerado un hombre afín a la centroderecha, el magistrado decidió llevar el tema al pleno de ministros, que comenzaría a las 14 horas de ese día.

Esa tarde llegaron sólo 15 de los 21 ministros de la Corte: los miembros de la sala penal acordaron inhabilitarse y la ministra Gabriela Pérez se excusó, pues tenía una hora programada con el médico. Como no había quórum suficiente, algunos ministros propusieron convocar a un pleno extraordinario para el día siguiente a las 8 de la mañana.

El martes, Ballesteros llegó con copias de la entrevista, las que distribuyó entre los demás ministros. Varias veces revisaron el texto. Algunos, incluso, marcaban las frases más controvertidas. Según fuentes del tribunal, el pleno buscó zanjar primero si “había piso” para responder al gobierno. Para los supremos, ésta era una de esas ocasiones.

Según algunos magistrados, lo que buscó el pleno fue marcar “cuál era el límite entre la crítica y la intromisión”. “Lo que molesta es que la ministra busca definir hasta dónde se puede meter y que es lo que no puede hacer el Poder Judicial”, explicaban los jueces.

Cerca de las 11 horas del martes, Ballesteros comenzó a hacer circular por las salas el texto de la declaración. Para algunos supremos, era un texto duro. Comenzaba con una reseña de cinco citas textuales de Benítez donde, a juicio de los supremos, podía concluirse que “no han importado crítica, sino que constituyen una intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones exclusivas y excluyentemente la Constitución Política entrega a los tribunales de justicia”. La lectura de la declaración estaba prevista para las 12 horas. Pero se atrasó, ya que Ballesteros no contaba con que la ministra Gabriela Pérez y el ministro suplente Alfredo Pfeiffer se restarían del acuerdo unánime y pedirían aclarar que, para ellos, las palabras de Benítez no eran una intromisión, sino “una crítica inadecuada”.

En La Moneda no dejaron de sorprenderse por la dureza del texto redactado por el pleno. Para algunos, fue la reacción más dura del Poder Judicial frente al Ejecutivo desde el retorno a la democracia. Altas autoridades aseguran que en Palacio resintieron no haberse enterado previamente del alcance que tendría la declaración de los jueces. En ese sentido, en el gobierno no pasó desapercibido que el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, se retiró a temprana hora del lunes de su oficina, justo en momentos en que la tensión entre el gobierno y el Poder Judicial iba en aumento a raíz de los dichos de Benítez.

Con el correr de las horas, sin embargo, en Palacio leyeron la declaración de los jueces como un golpe de autoridad que si bien fue expresivo, tuvo un alcance acotado. Por ejemplo, en el gobierno señalan que el dictamen bien pudo haber subrayado que los dichos de Benítez fueron avalados por el entonces vicepresidente, Rodrigo Hinzpeter.

Algunos supremos admiten que el enojo con el gobierno se arrastra desde hace tiempo. Entre las quejas más recientes, recuerdan las críticas que hizo la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, el 8 de agosto, durante una visita a choferes de dos buses que fueron quemados en manifestaciones. En medio de los reclamos por el fallo del Cuarto Tribunal Oral que desechó los cargos de terrorismo contra Luciano Pitronello, Matthei dijo: “Espero que esta actitud criminal la lleven a la justicia y, además, que no caiga a la misma sala de Pitronello, porque los jueces terminan felicitando a los niños por quemar buses”.

Las críticas a la actuación de los jueces, sin embargo, venían de antes. En octubre de 2011, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, aseguró que el gobierno tomaría en cuenta los fallos de los jueces a la hora de determinar los ascensos en el Poder Judicial, en una crítica a los magistrados garantistas que dejaban en libertad a los detenidos. Un mes después, el ministro de Interior sostendría una fuerte pugna con los fiscales y los jueces, a quienes responsabilizó por el alza de la criminalidad.

En La Moneda existía conciencia de estos antecedentes y de la posibilidad de que en esos episodios se hubieran concretado reclamos similares al de esta ocasión. En el Ejecutivo, sin embargo, creen que los magistrados no lo hicieron, porque las críticas iban dirigidas a estamentos inferiores, y porque prefierieron evitar una confrontación pública con una “dura” como es la ministra Matthei.

Para los supremos, en tanto, tras la divulgación del texto se dio por cerrada la pugna con el gobierno. Incluso, a petición de Ballesteros, Dolmestch debió suspender varias entrevistas televisivas que ya estaban fijadas. La idea era no seguir escalando en el conflicto con el gobierno, aseguran. Aun así, afirman que el martes en la noche la irritación volvió a cundir, cuando escucharon las declaraciones que Piñera dio el día anterior en Australia, tras una reunión con empresarios mineros australianos que, justamente, manifestaron inquietud por el futuro de los proyectos energéticos en Chile. “Ellos plantearon algunas preocupaciones, como los temas de energía, agua y seguridad jurídica, y compartimos la estrategia que el gobierno está siguiendo para resolver estos problemas”, dijo. Lo que molestó a los supremos es que el Presidente hubiera hecho suyas las críticas de los empresarios y no defendiera el funcionamiento del estado de derecho en Chile. Pese a eso, optaron por no seguir tensionando la relación.

Desde el lunes en la tarde que la ministra estaba al tanto de la declaración que realizaría la Suprema. Por esas horas, intentó comunicarse sin éxito con Ballesteros, para conversar sobre sus declaraciones y conocer lo que quería manifestar la Suprema.

En la mañana siguiente, la ministra llegó a primera hora al Congreso junto a Ignacio Toro y al fiscal de la cartera, Rodrigo Benítez (con quien no tiene parentesco), para dar cuenta del nuevo plano regulador metropolitano ante la comisión de Medio Ambiente del Senado. Fue durante esa sesión que comenzó a recibir mensajes de texto que daban cuenta del tenor del contragolpe de los jueces. Rodrigo Hinzpeter también la llamó para darle detalles de la declaración.

Benítez, dicen en el oficialismo, estaba nerviosa. En privado comentaría más tarde que recordó lo ocurrido con Barrancones en 2010. En aquella ocasión, estuvo cerca de renunciar luego de que, tras realizar una cerrada defensa del proyecto en una entrevista televisiva, Piñera lo terminó abortando tras conversar con la firma Suez. La ministra antes le había preguntado al Presidente si deseaba frenar el proyecto emplazado en Punta Choros y se enteró del giro presidencial mientras hacía una visita a un poblado cercano a Calama, junto al entonces ministro de Energía, Ricardo Rainieri. Fuentes de gobierno aseguran que por esas horas la ministra conversó su eventual renuncia con la entonces vocera Ena von Baer y el ex timonel gremialista Juan Antonio Coloma, pero que fue finalmente su familia la que la instó a seguir en su cargo.

El martes pasado, Benítez concurrió a un almuerzo programado con antelación con la bancada de diputados de la UDI. En la cita, la secretaria de Estado volvió a explicar los errores que, a su juicio, tenía el fallo del juez Muñoz. Y los parlamentarios gremialistas acordaron apoyarla y blindarla ante cualquier arremetida de la oposición.

A esas alturas, en la Concertación ya estaban al tanto de la declaración de la Corte Suprema. En sus respectivos almuerzos de bancada, diputados de la DC y el PS encargaron a sus asesores legislativos un informe para evaluar una eventual acusación constitucional contra la titular de Medio Ambiente, por vulnerar el artículo 76 de la Constitución, que prohíbe que los fallos judiciales sean sometidos a revisión por otros poderes del Estado. Más tarde se sumó el PPD, luego de que el senador Guido Girardi sugiriera a los diputados explorar el uso de la herramienta fiscalizadora. Esa noche, Benítez se comunicó telefónicamente con parlamentarios oficialistas y con el subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado, para sondear el ambiente que existía respecto a una acusación constitucional.

Al día siguiente, fue el propio titular de la Segpres, Cristián Larroulet, el encargado de sondear si la acusación tenía piso. Al percatarse de que los diputados, encabezados por el socialista Alfonso de Urresti, ya revisaban borradores en los pasillos del Congreso, activó una ofensiva para bajar la acusación. A través de sus asesores, transmitió a la DC, PS y PPD la existencia de un proyecto de acuerdo, donde la Cámara Baja cuestionaba como Corporación fallos judiciales referentes al área laboral. Entre los autores de esa iniciativa se contaban al timonel del PS, Osvaldo Andrade, y el jefe de bancada de la DC, Jorge Burgos. La UDI, en tanto, amenazaba con revelar un dossier con más de 90 críticas a la justicia realizadas por personeros de la Concertación. Una de ellas había sido emitida por Michelle Bachelet, quien cuestionó una decisión del TC por la píldora del día después.

La arremetida oficialista fue abordada en el almuerzo de bancada DC. En esa línea, se planteó que el Congreso no podía censurar este tipo de opiniones. No sólo porque había “tejado de vidrio”, sino que porque también suponía decretar una autoinhibición para el futuro. Así, 24 horas después de respaldar el juicio político contra Benítez, el partido falangista decidió restarse, lo que motivó que algunos PPD optaran por la misma medida, dividiendo a la Concertación en torno a los méritos para acusar a la ministra.

El retroceso de la Concertación fue celebrado por el gobierno, donde ponderaron que una semana que había partido con una crisis comenzaba a concluir como una de las mejores de los últimos tiempos, ya que se había logrado la aprobación de tres proyectos emblemáticos del Ejecutivo: el que rebaja el Crédito con Aval del Estado, el que perfecciona el Sipco y el que regula las primarias.

En el Ejecutivo saben que la relación con el Poder Judicial sigue transitando por un frágil equilibrio. Pese a ello, han insistido en evidenciar su mirada crítica. El miércoles en la mañana, el jefe de departamentos de víctimas del Ministerio del Interior, Gonzalo Fuenzalida, coordinó un encuentro entre la titular del Sernam, Carolina Schmith, y la madre de una joven parvularia que se suicidó luego que un tribunal dejara en libertad a tres individuos a quien ella había identificado como sus violadores. “No vamos a criticar el fallo, pero estos nos duelen”, dijo Fuenzalida. Ese mismo día, en la noche, el titular de Economía, Pablo Longueira -quien fue compañero de Benítez en la Universidad y la recomendó para el ministerio- salió en su defensa y criticó con dureza la declaración de la Corte Suprema. Con todo, en el gobierno existe conciencia de que, tarde o temprano, habrá que tender puentes con el Poder Judicial. Y que para eso el primer paso es viabilizar un vínculo político a través de un interlocutor que sea validado por el pleno que hoy dirige Ballesteros.

Fuente:La Tercera – por Francisco Artaza y Jaime Pinochet – Publicado 15 septiembre 2012 – Enlace a la fuente de esta Noticia

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