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Una mirada a los Tribunales Ambientales

Una mirada a los Tribunales Ambientales
Enero 09
11:14 2013
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Artículo de opinión. Al iniciar la reforma a la Institucionalidad Ambiental, uno de los temas que se tuvo presente en todo momento y que formó parte de la discusión en el Congreso fue la creación y puesta en marcha de los Tribunales Ambientales. Luego de arduas discusiones y modificaciones, se aprobó la creación de los Tribunales Ambientales, lo que en mi opinión supone un avance, ya que la justicia especializada es un gran paso en el objetivo de lograr la sustentabilidad ambiental, pero teniendo presente que es un paso de muchos que aún se deben dar.

Los Tribunales Ambientales son órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es resolver las controversias medio ambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento. Incluyen también la figura del “Amicus Curiae” o amigo de la Corte, una persona, natural o jurídica ajena a la causa que tramita el tribunal, que permitirá que instituciones externas, como por ejemplo las universidades, puedan presentar un informe técnico cuando se estén viendo causas ambientales en un tribunal, el que debe considerar aquel informe y dar cuenta en su sentencia que se tuvo en consideración el o los informes que se presenten. Si bien este tercero no es parte en la causa, en la medida en que se encuentre comprometido el interés público aspira a que puedan incluirse elementos útiles para una mejor resolución de la misma.

Son tres los tribunales ambientales que habrá en Chile:

Primer Tribunal ambiental, con sede en la comuna de Antofagasta, y con competencia territorial en las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo.

Segundo Tribunal ambiental, con sede en la comuna de Santiago, y con competencia territorial en las Regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo O´Higgins y del Maule.

Tercer Tribunal ambiental, con sede en la comuna de Valdivia, y con competencia territorial en las Regiones del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El Segundo Tribunal Ambiental entró en funcionamiento el 28 de diciembre de 2012, pero sin contar con oficinas ni funcionarios. Los abogados Rafael Asenjo y José Ignacio Vásquez; el Licenciado en Ciencias Sebastián Valdés; el Ingeniero Civil Juan Escudero y la abogada Ximena Fuentes, estos dos últimos como Ministros Suplentes, serán los responsables de controlar jurisdiccionalmente las resoluciones del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, además de las RCA que les son otorgadas a los proyectos de inversión.

La instalación del Primer Tribunal ambiental y del Tercer Tribunal ambiental se efectuará, según lo previsto, el 28 de junio de 2013.

Con la puesta en marcha de estos tribunales se da luz verde a las facultades de fiscalización y sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente, con lo cual Chile cuenta por primera vez con un órgano especializado que ejecutará, organizará y coordinará el cumplimiento de la normativa ambiental.

El primer problema que aparece es la existencia de apenas 3 tribunales para abordar los problemas de todo el territorio, ya que los Tribunales ambientales deben conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de los decretos supremos que establezcan las normas de calidad ambiental y las normas de emisión; los que declaren zonas del territorio como latentes o saturadas y los que establezcan planes de prevención o de descontaminación, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Además deberán conocer de las demandas para obtener la reparación del medio ambiente dañado y de las reclamaciones en contra de las resoluciones de la superintendencia del Medio Ambiente.

Juzgarán los actos administrativos que dicten los Ministerios o servicios públicos para la ejecución o implementación de las normas de calidad, de emisión y los planes de prevención o descontaminación, si es que se considera que éstos infringen la ley, las normas o los objetivos de instrumentos. Los Tribunales ambientales deben conocer la reclamación que se interponga en contra de la resolución del Comité de Ministros o del Director Ejecutivo, que apruebe o rechace una declaración o estudio de impacto ambiental.

Según Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, la normativa chilena y el contexto institucional son débiles, lo que podría dificultar la labor que estos nuevos juzgados están llamados a realizar. “Si el servicio de evaluación ambiental de proyectos aprueba mal los proyectos, porque la ley está mal, difícilmente se podrá fiscalizar”, dijo Liberona. Añadió que “si bien estas instituciones son de esperanza, queremos una mejor implementación, ya que la crítica es al sistema que está operando proyectos o dictando normas”.

Asimismo, cada tribunal debe resolver si autoriza las medidas provisionales señaladas en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, así como las suspensiones en esa ley, y las resoluciones de la Superintendencia que apliquen las sanciones.

La justicia ambiental es un requisito básico para que Chile avance hacia el difícil camino que es la sustentabilidad ambiental y la profundización de la democracia y ese sentido la expectativa es que los ciudadanos encontrarán en los Tribunales Ambientales un espacio de garantía no sólo del buen funcionamiento del sistema de evaluación ambiental, sino también de sus garantías constitucionales, no siempre respetadas y jerarquizadas por la institucionalidad ambiental que actualmente nos rige.

Fuente Lexweb.cl| Por Benjamín Portales Silva | Publicado 06/01/2013 | Enlace a la fuente de este Artículo

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