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“El Modelo Ambiental está para Facilitar los Proyectos de Inversión” Flavia Liberona

“El Modelo Ambiental está para Facilitar los Proyectos de Inversión” Flavia Liberona
abril 23
06:45 2013
Flavia Liberona-Imagen Freddy Briones Parra

Flavia Liberona-Imagen Freddy Briones Parra

Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Terram:“El modelo ambiental está para facilitar los proyectos de inversión”

Con años en el cuerpo trabajando por la defensa ambiental, Flavia Liberona inició sus batallas?en la Red Nacional de Acción Ecológica (Renace), una importante entidad, nacida en 1988,?que aglutinaba más de una centena de agrupaciones ecologistas y ambientalistas del país.?Renace ya no existe, pero su legado sí: se puede ver en la conciencia respecto del entorno y de la calidad de vida que se expresa en las luchas locales y nacionales que desde entonces no han parado.
Bióloga de profesión, la directora ejecutiva de la Fundación Terram habla de su última gran batalla: modificar la institucionalidad ambiental chilena. Cuando empiezan a operar los Tribunales Ambientales, ésta es su mirada.

¿Qué sucedió con la institucionalidad ambiental, creada en 1994?

Esta es una historia bastante larga, pero en lo reciente las promesas de Bachelet no se plasmaron en la iniciativa legal que envío entonces al Parlamento. La tramitación legislativa de reforma a la institucionalidad ambiental se inició con un proyecto mediocre, que no daba respuesta a los problemas que presentaba la Conama y particularmente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Incluso en algunos aspectos se terminó con una ley peor. Esto se debió a un acuerdo político suscrito entre el gobierno de Michelle Bachelet y la derecha. En esa ocasión, el gobierno negoció con los entonces senadores Andrés Allamand y Pablo Longueira que pertenecían a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y que luego serían ministros de Piñera. Representantes de la Concertación, especialmente senadores socialistas, y de la derecha, firmaron un protocolo de acuerdo que no permitió abordar temas de fondo, desechando así las más de 1.300 indicaciones que habían presentado senadores de distintos partidos.

Y sólo en una sesión de la Comisión de Medio Ambiente que duró toda una noche se analizó y aprobó esta ley que creó tres instituciones públicas nuevas: el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental, al que ahora se suman los Tribunales Ambientales y probablemente en un fututo el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas… Esta reforma representa un avance en términos de estructura institucional, pero su gran falencia es no haber abordado problemas de fondo como la participación ciudadana, resolución de conflictos, apoyo a comunidades y otros. Lo que hace prever que los problemas y conflictos socioambientales están lejos de encontrar solución. Es importante decir que, si bien la reforma a la ley ambiental entró en vigencia en octubre de 2010, aún no han sido promulgados los reglamentos que la hacen completamente operativa, por tanto hay una institucionalidad a medio camino.

¿Cuál es su opinión de los Tribunales Ambientales, recién creados?

Cuando se inicia el proceso de reforma a la institucionalidad ambiental, la figura de Tribunales no era parte del paquete que se pretendía aprobar. La idea de instalar estos Tribunales es propuesta por el Consejo Minero y abogados de Universidad de Chile, pero al principio no prospera esta idea pues el gobierno de Bachelet se oponía. Luego, cuando en el Senado se suscribe el Protocolo de Acuerdo que posibilita la aprobación de la Reforma Ambiental, aparecen los tribunales como parte del acuerdo político. Es más: la entrada en operaciones de la Superintendencia de Medio Ambiente, cuyo rol es fiscalizar, quedó condicionada a la entrada en operaciones de los Tribunales Ambientales. Y como recién en diciembre de 2012 juraron los jueces del primer tribunal, recién ahí debería haber comenzado a operar la Superintendencia, de la cual, al igual que las otras instituciones que surgen de la reforma, no se han promulgado los reglamentos que la hacen operativa.

Los Tribunales Ambientales deberán revisar todas las causas en que se cuestionen procedimientos ambientales de todo Chile; también tienen la facultad de revisar, si es que alguien lo solicita, las fiscalizaciones y sanciones que haga la Superintendencia. En este sentido, plantea ciertos problemas: primero, porque le resta fuerza a la Superintendencia; y segundo, debido a que para una empresa será mucho más fácil recurrir y sostener una acción legal ante estos Tribunales que para las comunidades.

¿Y cómo evalúa el modelo ambiental chileno?

El modelo ambiental chileno está diseñado para facilitar los proyectos de inversión. Es un modelo donde las empresas definen sus proyectos y la tecnología que usan, y también son ellas las que contratan a las consultoras que hacen los estudios de impacto ambiental. En el proceso de evaluación ambiental hay muchas falencias; entre éstas cómo se involucra a las comunidades y cuánto se las considera.

Esto es la base de los numerosos conflictos. Por otra parte, es sabido que la Constitución señala que “el Estado tiene el deber de preservar el medioambiente” y señala precisamente que es deber del Estado garantizar “el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación”; y sin embargo la Ley de Medio Ambiente define contaminación en base a lo que está normado. En suma, en Chile todo lo que no tiene norma, que es como el 90% de las cosas, ¡no es contaminación! Por ejemplo, la gente de La Greda (Puchuncaví) puede estar muy afectada por la contaminación, puede existir una nube tóxica, pero luego se dice que “no se emitió un contaminante sobre tal nivel, entonces no es contaminación”.

Esta es una interpretación restrictiva de la legislación para minimizar los efectos de la contaminación. Eso debería cambiar tras el fallo de la Corte Suprema que anuló el proceso de calificación ambiental para la termoeléctrica y puerto de Castilla en la Región de Atacama, pues el tribunal supremo hace una interpretación bastante más amplia de la ley y su vínculo con la Constitución.

Entiendo que estas situaciones no fueron planteadas en la reforma.

No fueron planteadas o asumidas como desafío por el gobierno de turno. Desde Terram propusimos el cambio de la definición de contaminación y no fue acogido. Es grave que en la bahía de Quintero, donde hay un polo industrial con termoeléctricas y fundiciones, donde se encuentra la localidad de La Greda, en 2011 y 2012 se registraran varios episodios graves de contaminación en el aire y sin embargo no existe en el Ministerio del Medio Ambiente o en el Ministerio de Salud un registro histórico de la contaminación en agua, aire y suelo en el área, lo que impide que las autoridades tomen medidas. No se monitorea y como no hay información no se pueden tomar medidas para proteger a la población.

Sin embargo, se permite la instalación reiterada de industrias sin haber realizado una profunda evaluación. Lo grave es que esto ocurre después del transcurso de casi 20 años de la Ley de Medio Ambiente.

A comienzos de los 90 el principal problema ambiental era la contaminación atmosférica de Santiago. Hoy no es tema de la autoridad, y la situación es bastante peor.

Efectivamente la contaminación atmosférica surge como un tema relevante en materia ambiental en la Región Metropolitana. Paralelo a ello se promulga la Ley Ambiental, y se comienza a desarrollar cierta normativa, entre ellas normas de calidad de aire y planes de descontaminación. Pero con el correr de los años comienzan a verse problemas de contaminación atmosférica en otros lugares de Chile, que en muchos casos está asociada a complejos industriales y en el sur a la utilización de la leña. Un caso emblemático es la aprobación ambiental de la termoeléctrica Campiche en Puchuncaví, una zona que presenta altos niveles de contaminación.

Esto ocurrió a fines del gobierno de Michelle Bachelet, cuando mediante una intervención desde La Moneda se cambiaron los planos reguladores para permitir la instalación de esta central térmica de propiedad de la empresa AES Gener. Es urgente un cambio en la institucionalidad, pues no se puede permitir que en zonas como éstas se continúen aprobando proyectos que afectan la calidad de vida de las personas. El Ministerio del Medio Ambiente carece de fuerza para desarrollar políticas de resguardo ambiental: lo que prima es la inversión. ¡Y después se preguntan por qué hay conflictos ambientales!

¿Por qué cree que la autoridad política no contempla esa necesidad que se hace tan patente, con evidencia empírica, como una necesidad del país?
Existen múltiples razones. El gobierno de Bachelet estaba interesado en aprobar una ley que reformara la institucionalidad ambiental, ya que en el informe sobre el desempeño ambiental de Chile realizado por la OCDE, y dado a conocer en 2005, lo pide. Entonces, crear estas nuevas instituciones era una forma de decir: “Cumplimos en materia ambiental”.

Pero estos cambios fueron muy superficiales y hoy enfrentamos un escenario complejo, incluso para los empresarios, que demandan mayor certeza para sus inversiones. Es evidente que Chile no sólo está retrasado respecto de Europa, sino que también de sus países vecinos: Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay y Argentina. Durante su campaña Sebastián Piñera se promovió como “verde”, pero su gobierno ha sido desastroso en materia ambiental, pues no ha tenido voluntad de implementar la reforma y abiertamente ha apoyado proyectos de inversión como Castilla, Isla Riesco, HidroAysén. Tampoco ha sido capaz de afrontar la crisis de contaminación de la bahía de Quintero o sacar adelante un buen proyecto de Ley sobre el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En Chile ha primado la política de no regular los temas medioambientales, dejando un gran espacio para la discrecionalidad.

Sin embargo, en la medida que hay fallos judiciales como el de Castilla, aparece un factor de incertidumbre para los grandes empresarios, pues a pesar de los esfuerzos desplegados, del apoyo del gobierno a sus proyectos, un fallo de la Corte Suprema puede revertir una aprobación ambiental. Aunque no se perciba claramente, hay un antes y un después del fallo que detiene la megacentral de Castilla.

La Fundación Terram hizo un estudio de los numerosos proyectos termoeléctricos, de gran impacto en el “efecto invernadero”.

En un momento, notamos que la atención pública se enfocaba a HidroAysén o a la energía nuclear, pero en nuestros correos electrónicos había mucha demanda de pequeñas comunidades afectadas por diferentes proyectos: Campiche, Los Robles (en el Faro Carranza, Maule), Patache (en Iquique), Achibueno (en Linares), Alto Maipo, entre otros. Como no parecían estar visibles en los medios de comunicación, investigamos y realizamos un primer estudio donde se daba cuenta de todos los proyectos evaluados ambientalmente desde 2000 en adelante y cuáles de ellos presentaban conflictos. De estos datos se desprende que la mayor cantidad de proyectos y conflictos está asociado a termoeléctricas. Identificamos proyectos por región, tipo de generación, si eran termoeléctricos o termoeléctricos a carbón, si eran hidroeléctricos, entre otros. Lo impresionante es que en la actualización se descubrió que de 222 proyectos (desde 2000 hasta junio de 2011), 153 presentaron conflictos, lo cual es una señal de que algo anda mal. Luego, cuando se profundiza esta revisión, de esos 153 proyectos en conflicto, 93 son termoeléctricas.

¿Qué relación tienen las termoeléctricas con el proyecto minero de Isla Riesco?

Las centrales térmicas pueden utilizar distintos combustibles, el más barato en la actualidad es el carbón. Hoy Chile importa carbón desde Colombia, pero de materializarse el proyecto Mina Invierno en Isla Riesco (Magallanes) varias centrales serán abastecidas con el carbón que se extraiga de allí. El problema de las termoeléctricas requiere de política pública, pues por una parte son las mismas empresas quienes definen cómo, cuándo y dónde se instalan. En segundo término, las más antiguas nunca han sido calificadas ambientalmente. Tercero: no hay exigencias al tipo de tecnología que usan, no se establece un período de vida útil y en Chile no existe regulación para combustibles sólidos. Tampoco hay ninguna normativa de tecnología, exigencia de criterios específicos ni plan de retiro para las empresas termoeléctricas.

Nuevamente, se trata de malas políticas públicas medioambientales.

Sí, pero con voluntad se pueden solucionar. Hay que colocar atención en los tipos de combustibles utilizados, las tecnologías y las fuentes de generación eléctrica. En base a esto, más criterios socioambientales, se puede desarrollar una política pública. Hoy estamos ante el peor escenario, porque están prestando un servicio caro que contamina, aportando con la emisión de gases de efecto invernadero. En Chile no existe la voluntad de desarrollar una política de generación eléctrica de mediano y largo plazo. Las empresas son las que definen dónde, cuándo y con qué tecnología instalarán sus proyectos. El Estado, a través del Ministerio de Energía o el del Medio Ambiente, no tiene poder para ordenar los proyectos de inversión, decirles a las empresas: “Mi planificación como Estado es que la demanda de electricidad hasta equis años será satisfecha con las siguientes fuentes (hídrica, térmica, ERNC), en determinados porcentajes y tecnologías, y tal empresa, en lugar de instalar su planta el año 2014, deberá tener paciencia e instalarla en 2018, de lo contrario no será aceptada”.

¿Qué opina del actual modelo de generación eléctrica y por qué Isla Riesco resultó ser un “caso emblemático”?

En este modelo, el beneficio económico está en manos de los privados, particularmente de las grandes generadoras, y dependiendo del tipo de tecnología que se utilice es el impacto medioambiental. Lo que resulta evidente es que el sistema de generación eléctrico en Chile en términos regulatorios es complejo de entender para el ciudadano medio y que las autoridades carecen de voluntad política, pero también de instrumentos, para generar una política pública. En ese sentido el Estado está cautivo de los privados y debe ceder a sus presiones. En la actualidad y después del “Colbunazo” que dio el impulso final al proyecto de ley sobre carretera eléctrica, y del fallo de la Corte Suprema sobre el puerto y la termoeléctrica Castilla, vemos que el gobierno ha entrado en una fase más comprometida con las empresas eléctricas. El proyecto de la Mina Invierno en Isla Riesco es emblemático porque es el primero de cinco minas, por tanto estamos a tiempo de parar las otras cuatro. ¿Queremos seguir introduciendo termoeléctricas a carbón con bajas exigencias tecnológicas? ¿Qué tipo de carbón vamos a usar? ¿Cuánta energía/electricidad necesitamos generar? ¿Para quién?

Fuente El Desconcierto | por Eduardo Von Europa- Fotografía Freddy Briones Parra|Publicado 02 abril 2013 | Enlace a la fuente de esta Noticia 

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