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Estudio internacional sobre corrupción en licencias de agua es categórico: “La ley (en Chile) ha resultado en monopolio y especulación”

Estudio internacional sobre corrupción en licencias de agua es categórico: “La ley (en Chile) ha resultado en monopolio y especulación”
Mayo 09
07:30 2013
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El estudio publicado en 2009 por el centro de estudios sueco “Swedish Water House”, con el nombre “Riesgos de corrupción en licencias de agua” (Corruption Risks in Water Licensing With case studies from Chile and Kazakhstan) trata la situación de licencias (según nuestra legislación, derechos de aprovechamiento) de agua comparativamente en Chile y Kazajistán*, dos países que aparentemente no tienen nada en común, pero que en realidad comparten el problema de la escasez de agua, deficiencias legales e institucionales y un sistema económico que sobreexplota el recurso hídrico.

En Chile, la escasez del recurso hídrico es grave. Bien lo saben las comunidades del norte, centro y sur que se reunieron el pasado 22 de abril en la capital bajo las banderas de la “recuperación y defensa del agua”. En dicha oportunidad fueron miles los que marcharon hasta el corazón de Santiago, para exigir cambios profundos en la legislación, la derogación del código de aguas de 1981 y una serie de medidas a favor de las comunidades y el medio ambiente, en relación con una mejor gestión del agua, que ponga como prioridad la preservación y reproducción de la vida.

Según la OCDE: Para el año 2050 se necesitará 50% más de agua. Estas son las consecuencias de 32 años de políticas neoliberales aplicadas desde el Estado, en las que ha privado el derecho de enriquecimiento por sobre el de los habitantes de los territorios para acceder a fuentes de agua en cantidad y calidad adecuadas a sus necesidades vitales. En concreto, hoy tenemos cuencas hidrográficas declaradas agotadas, como las de nuestros ríos Ligua y Petorca, y más derechos de aprovechamiento de agua concedidos que agua disponible. En contraste, hay miles de hectáreas de riego con plantaciones de fruta destinada al comercio exterior, mientras hay localidades que han estado más de 7 meses sin suministro de agua, como es el caso de Bartolillo en Cabildo, comunas que sufren constantes cortes e incluso casos no confirmados de agua de bebida contaminada, cuestión que tiene que ser aclarada por la SEREMI de Salud, que se hizo presente en la comuna de Cabildo el pasado martes 30 de abril, después de que vecinos presentaran reclamos a la empresa ESVAL.

Podemos decir que gran parte de las comunas afectadas por la escasez hídrica son derechamente las damnificadas del Estado de Chile y su proyecto de convertirse en “potencia agroalimentaria y forestal”. Nosotros creemos, a la vista de los sucesos pasados y recientes acaecidos en nuestro país, que el agua es un lucrativo negocio para una capa social muy influyente y que participa en sectores estratégicos de la economía, como lo es en mayor medida la gran minería y el negocio naviero, ambos dominados por capitales transnacionales. Es decir, el agua además refleja relaciones de dependencia y hegemonía económica y social de las clases capitalistas mundiales por sobre nuestros recursos estratégicos y la visión de desarrollo de la clase empresario-política de nuestro país.

Los dejamos con un extracto del estudio y al final con el link para que puedan descargar el documento completo (en inglés).

(…) Yáñez y Orellana (2007), la Unesco (2006), y Bruns et al. (2005) y varios de los informantes mencionan una serie de importantes problemas (en el mercado de derechos de agua). Indican que la legislación vertical es manejada por personal de gobierno sin la participación de la sociedad civil o de un control social. No tiene en cuenta las formas tradicionales y autóctonas de la gestión del agua y contribuye a la desintegración de los sistemas colectivos indígenas. El derecho de toma de decisiones está actualmente unido al poder adquisitivo de los individuos. Las grandes empresas (que participan en la minería, la generación de energía hidroeléctrica, la producción de papel, etc) se han hecho de un porcentaje abrumador de derechos de agua. La ley ha dado lugar a monopolios y especulación. La élite que posee los derechos de agua efectivamente ha sido capaz de negar el interés de todo el grupo de usuarios más pobres. Dinar et al. (1997) indican que la transferencia del mercado de derechos de agua no produce una mejora sustancial del comercio (de lo que solía ser un activo libre). Con el tiempo estos costes adicionales se cobran a los usuarios finales, entre la población en general en Chile. Los recursos potencialmente «disponibles» han sido sobrevendidos (es decir, más del 100 por ciento del agua disponible asignada para uso consuntivo) (Álvarez, 2007). Los precios de los derechos de uso de agua también han aumentado considerablemente, ya que en muchas zonas no hay más derechos de uso de agua disponible, excepto a través de la competencia en el mercado del agua. Los precios en una subasta de agua (que permite el uso indefinido) puede ser de hasta 8 millones de pesos / litro / seg (USD 18.000) (El Mercurio, 2007).

Los informantes también sugieren que algunos agricultores chilenos ni siquiera saben que han perdido sus derechos de agua y sólo ahora se encuentran que la ley antigua (antes de 1981) ya no es válida. Si todos los derechos disponibles no han sido aún asignados, puede ser capaz de solicitar una licencia, pero esto requiere de considerables trámites y los servicios de un abogado, lo que es inaccesible para muchos usuarios de agua pobres. Si un agricultor o una comunidad indígena tardíamente descubre que se quedó fuera de la asignación, sólo pueden recurrir al mercado del agua y solo si alguien quiere vender.

Chile modificó la ley en 2005, buscando proteger mejor el medio ambiente y los pueblos indígenas. La reforma también trató de contrarrestar los usos especulativos del mercado, tales como el acaparamiento de derechos de agua por las grandes empresas y para liberar los derechos de agua para aquellos que no podían acceder a ellos o no sabían que tenían que solicitar derechos. Se ha añadido una provisión que exige al licenciatario a demostrar que tienen la capacidad de usar la cantidad de agua que solicita. Si no puede utilizar el agua asignada por cinco años, perderá su derecho de agua. Si a partir de entonces más personas están interesadas en la obtención de estos derechos de agua decomisados ​​tienen que ir a una subasta. Esto, sin embargo, sigue siendo una ventaja para las grandes empresas, ya que pueden presentar mejores ofertas que los pequeños agricultores y los pueblos indígenas, y parece en efecto que los derechos liberados por la reforma fueron tomados posteriormente por otras grandes empresas.

La reforma logró mejorar la recopilación y diseminación de información sobre los derechos de agua. Antes era muy difícil tener acceso a la información que se almacena toda en la capital y no está disponible en formato digital. Esto ha cambiado y la información está ahora disponible para todo el mundo en formato digital, pero tiene que ser solicitada por escrito y previo pago.

Control de contaminación

Chile tiene regulación en la emisión de determinados contaminantes en las aguas pero según varios informantes de la lista no es lo suficientemente amplia. El planteamiento general es que las empresas tienen que tratar y controlar sus propias aguas residuales y esto se comprueba de vez en cuando por el gobierno. Un buen punto es que la ley exige las evaluaciones de impacto ambiental (EIA), pero sólo para las empresas que descargan en grandes ríos con un caudal superior a 10 m3 / s, y no necesariamente mirando el impacto en las condiciones de caudal mínimo. Afortunadamente, el interés político es cada vez mayor para el desarrollo de esta cuestión en el marco de una nueva política de gestión de cuencas.

La ley en Chile generalmente se aplica con advertencias y fijación de plazos, y si los cambios no se han realizado correctamente, el empresario recibe una multa o incluso se puede cerrar por un período. Pero cuando el costo de la multa es inferior al beneficio obtenido por evadir la ley, esto no ayuda a disuadir a las empresas a que contaminen. Las empresas entrevistadas sostuvieron que la minería con mayores legislaciones ambientales será prohibitivamente cara. A veces, sin embargo, las agencias muestran los dientes. En Pelambres, una empresa minera fue condenada en 2007 por apropiación ilegal de derechos de agua (La Nación, 2006). Una fábrica de papel fue multada por contaminar el río Mataquito que afectó a los medios de subsistencia de los pescadores locales. La planta había estado emitiendo aguas residuales contaminadas sin licencia desde 1992.

Link de descarga del estudio completo: http://www.siwi.org/documents/Resources/Reports/Corruption_Risks_in_Water_Licensing.pdf

* Kazajistán, ex República Soviética, tiene una economía fuertemente dependiente de sus exportaciones de petróleo, minería, ganadería y agricultura, todas con un gran consumo de agua. Actualmente, la mitad de los recursos hídricos de este país provienen de países vecinos y para el 2050 se prevé que el déficit se triplique. A pesar de su ventajosa posición económica en Asia central y el crecimiento adquirido en las pasadas 2 décadas, la situación que se vive en ciertas zonas del sur no es tan alentadora. La tasa de mortalidad infantil, enfermedades pulmonares y cáncer es 30 veces mayor, debido a la contaminación del agua por uso de fertilizantes y pesticidas en plantaciones de algodón.

Fuente El Chasqui – Información autónoma e independiente – Reportaje| Publicado 07 mayo 2013 | Enlace a la fuente de este Reportaje 

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