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Concesiones eléctricas y Ley 20/20: Lo que está en Juego

Concesiones eléctricas y Ley 20/20: Lo que está en Juego
Junio 20
06:43 2013
sara-larrain- el mostrador

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Lo que ocurra esta semana en el parlamento será clave para nuestro futuro energético pues deberá votarse una ley que obliga a las empresas a la diversificación de la matriz eléctrica obligándolas a inyectar una cuota de 20% de energía renovables no convencionales (ERNC) al año 2025; y otra ley que entrega facilidades a las mismas empresas para obtener las servidumbres eléctricas para construir líneas de transmisión. Ambas leyes aprobadas el miércoles pasado por las Comisiones de Energía del Senado y la Cámara, deberán ser revisadas y votadas ahora por las comisiones y el pleno de ambas cámaras.

El proyecto de Ley que acelera el otorgamiento de concesiones eléctricas fue ingresado a tramitación en la Cámara en mayo de 2012, en un paquete legislativo que también incluyo el proyecto de “carretera eléctrica” ,ambos bajo el argumento de que debían acortarse los plazos para e otorgamiento de servidumbres para construir líneas de transmisión eléctrica, pues de lo contrario, no se podía traer energía de regiones donde se genera a menor costo (como la del Bio-Bio) y por tanto seguiríamos pagando altos costos por la energía, perdiendo competitividad y retardando inversiones.

Este proyecto, que acelera el trámite concesional en beneficio de las empresas eléctricas se aprobó estrechamente en la Comisión de Energía del Senado, pues en las negociaciones con el gobierno no se logro resolver temas asociados a derechos constitucionales fundamentales, como son la oportunidad de la consulta indígena, la cual en virtud del Convenio 169 de la OIT debe aplicarse previo a los actos administrativos del Estado (en este caso el decreto de concesión).

Tampoco se logro establecer una prohibición expresa para cruzar áreas silvestres protegidas e indicar que el concesionario eléctrico deba buscar trazados alternativos con el objeto de cumplir con la ley nacional de Áreas Silvestres Protegidas (aprobada pero sin vigencia) que se basa en la Convención de Washington que prohíbe actividades que impacten el ambiente y los valores paisajísticos en las áreas protegidas.

Además de estos dos temas de alto “interés publico”, en el proyecto de ley para el otorgamiento de concesiones el gobierno redujo al extremo las causales de oposición de los afectados por dichas concesiones, con el argumento de que la Superintendencia que entrega el derecho concesional tiene atribuciones limitadas al sector eléctrico, y que la consulta a otros servicios atrasaría el tramite concesional. Este argumento es inaceptable, pues de facto establecería que los organismos del estado deciden unilateralmente sin tomar en cuenta el estado de derecho en el cual ejercen su autoridad. Igual falacia se expresa en el proyecto de ley al permitir al concesionario la toma material de los predios aunque existan acciones judiciales pendientes, lo cual significaría imponer las servidumbres en un marco de desigualdad frente a la Ley.

Por estas razones, los senadores José Antonio Gómez (PRSD) y Horvath (RN), votaron en contra de estos artículos en la Comisión de Energía, y mantienen su reserva sobre el proyecto. Igual oposición existe en la Cámara, donde los parlamentarios de oposición lograron incorporar adecuadamente la consulta indígena y la protección de áreas silvestres protegidas en el texto de ley, lo que se esta eliminando en el Senado.

El texto aprobado en la Cámara obligaba a desarrollar la consulta indígena antes de otorgar la concesión, así como a buscar alternativas de trazados para no afectar áreas silvestres protegidas (incisos cuarto y quinto nuevos del artículo 22), junto con dar de forma explícita cumplimiento a las normas legales y tratados internacionales ratificados por Chile.

¿Que ocurrió con la Ley 20/20?

El proyecto para establecer una cuota de 20% de ERNC al año 2020, fue presentado por los senadores Horvath, Gómez, Rincón, Allende,Cantero y Orpis en 2010, y bloqueado por los sucesivos ministros de energía (Rainieri, Golborne y Echeverría), hasta que en enero de 2012, cuando fue desbloqueado por el 4º ministro (Álvarez) siendo aprobado unánimemente por el Senado.

Mantenido el texto por un año y medio sin tramitar en la Comisión de Energía de la Cámara, fue finalmente votado el pasado miércoles 12 de junio en la Cámara, luego de una negociación en que el gobierno retraso la meta de 20% ERNC al año 2025.

El proyecto de Ley 20/25 también crea un sistema de licitaciones públicas de bloques de ERNC a precios competitivos, para dar cumplimiento a la cuota en cada sistema eléctrico, es decir en el Sistema Interconectado Central y en el Sistema Norte Grande.

El período de vigencia de los precios adjudicados a los bloques de energía licitada regirá por diez años consecutivos, a partir de la puesta en marcha de los proyectos y la inyección de su energía al sistema. Este precio estabilizado, facilitara el financiamiento de los proyectos ERNC.

La adjudicación de las licitaciones se efectuará tomando en consideración los volúmenes de energía ofertada y los precios unitarios asociados a ellos, debiendo adjudicarse las ofertas con menores precios.

La apertura de este mecanismo de ingreso al mercado eléctrico, junto a la creación de certificados ERNC (por la energía efectivamente inyectada) en esta ley, aportará más transparencia al mercado eléctrico. Con ello Chile avanzara hacia una matriz más limpia y diversificada: se prevé que en virtud de esta Ley alcancemos una generación neta entre 3.000 y 4.000 megawatts el año 2025 y también el ingreso de nuevos actores al mercado eléctrico, reduciendo la grave concentración que sufre actualmente.

En las próximas semanas, el Senado y la Cámara deberán revisar y concluir la votación de ambas leyes. Está por verse si nuestros representantes logran finalmente condicionar las inversiones del sector eléctrico al respeto de los derechos indígenas, la protección de las áreas protegidas y los derechos constitucionales de tenedores y propietarios de predios campesinos, agricultores y emprendedores turísticos, entre otros, o aceptan imponer condiciones de mayor inequidad económica y socioambiental, lo cual ciertamente intensificara la judicialización y los actuales conflictos. Este reto de sustentabilidad ambiental y política del sector eléctrico también desafía a los nuevos proyectos ERNC, los cuales deberán llegar de la mano con un empresariado conciente, renovado y responsable en su relación con las comunidades y territorios de nuestro país.

Fuente  CHS | por Sara Larraín | Publicado 19 junio 2013

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