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El gobierno y la no política ambiental

El gobierno y la no política ambiental
junio 05
07:08 2013
sara_larrain foto Surlinkcl 08-10-2012

sara_larrain foto Surlinkcl 08-10-2012

La conmemoración de un nuevo Día Mundial del Medio Ambiente nos llama a reflexionar sobre la situación ambiental del país.La voz oficial, en palabras del ultimo discurso del presidente Piñera el 21 de mayo, referidos al agua, energía e institucionalidad ambiental más bien desinformaron de la realidad que enfrenta el país en estos ámbitos y que es fundamental esclarecer.

Luego de la aprobación del ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente durante el gobierno pasado, el Parlamento quedó con la tarea de terminar la tramitación de los tribunales ambientales y el gobierno Piñera con la misión de establecer los reglamentos para el Servicio de Evaluación Ambiental y diseñar la institucionalidad pendiente referida a parques nacionales y protección de biodiversidad

Pues bien, hasta el día de hoy, luego de tres años de gobierno, el reglamento para el Sistema de Evaluación Ambiental aún “duerme” en los cajones de alguna autoridad sin ver la luz ni entrar en vigencia. En consecuencia, se sigue aplicando el antiguo, más restrictivo en términos de participación ciudadana.

Con respecto al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el proyecto de Ley realizado por el gobierno contenía un excesivo sesgo de mercado.

No sólo se negó a incorporar la protección de la biodiversidad en términos globales (pues según la autoridad “ponía condiciones de sustentabilidad a la gestión de los recursos naturales”), además contenía mecanismos que arriesgaban la privatización de las áreas silvestres protegidas y no consideró aspectos relevantes demandados tanto por el Senado como por las organizaciones ecologistas para proteger el patrimonio ambiental.

Debido a ello, su tramitación está estancada. Y en consecuencia, las áreas protegidas en Chile continúan en un ‘limbo legal’ y la biodiversidad dispersa en decenas de regulaciones sectoriales.

Esta deuda de una ley y una institucionalidad pública que protejan la biodiversidad se arrastra desde 1992, cuando Chile suscribió el Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas, en el que los países comprometían esfuerzos para proteger el 10% de sus ecosistemas para el 2010.

Adicionalmente, se contemplaba una serie de medidas como el uso sustentable de recursos naturales, educación sobre relevancia de la biodiversidad v la generación de medidas para la conservación biológica. Sin embargo, Chile aún no está en condiciones de cumplir sus compromisos.

En el ámbito de los residuos, aunque el gobierno anunció una Ley General, en base a la política concluida en el gobierno anterior, esta iniciativa legal tampoco se concretó.

En cambio, el ministerio de Medio Ambiente propuso trabajar enfocándose a la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), iniciativa que apunta a que el productor, o importador de ciertos bienes como envases, embalajes, residuos electrónicos, neumáticos, baterías, aceites y lubricantes, asuma los costos que implica deshacerse de éstos cuando su vida útil haya expirado.

La idea tomó fuerza tras el férreo rechazo de los legisladores a incorporar los “impuestos verdes” en la última reforma tributaria. Pero dicha ley será bastante inútil si no es capaz de incorporar al Movimiento Nacional de Recicladores de Chile, que ya realizan esta tarea a nivel nacional y hoy son el grupo de trabajadores autogestionados que reciclan la mayor cantidad de desechos en el país, prestando un invaluable servicio a la sociedad.

A nueve meses del término del gobierno, dicho proyecto de Ley tampoco ha sido enviado al Congreso Nacional para su tramitación.

En el ámbito de la energía, el gobierno ha impulsado reformas en la transmisión, tales como la interconexión del SING-SIC, la carretera eléctrica pública y el fast track para acelerar las concesiones eléctricas. Pero siempre conservando el paradigma del desarrollo eléctrico impuesto en los ’80, con la Ley Eléctrica que entrega al sector privado las decisiones sobre generación, transmisión y distribución.

Simultáneamente, y a pesar de estar incluido en su programa de gobierno, la administración Piñera nunca envió al Congreso una ley para aumentar la generación eléctrica mediante energías renovables no convencionales (ERNC) en 20% de la nueva generación para el año 2020.

Al contrario, el gobierno se ha dedicado a obstaculizar la Ley 20/20 presentada por los senadores Gómez, Horvath, Rincón, Allende, Cantero y Orpis, bloqueando su tramitación en la Cámara durante más de un año, luego de que dicha ley fuera aprobada por unanimidad en el Senado, en enero de 2012.

La pronta aprobación de esta Ley por los diputados es absolutamente fundamental para reducir la huella de carbono de la matriz energética chilena, pues ayuda a cumplir el compromiso país ante la Convención de Cambio Climático y diversificar la matriz energética del país, reducir las emisiones locales, reducir los costos de generación y ganar en seguridad energética.

Tampoco el gobierno ha facilitado el perfeccionamiento y dictación del reglamento de net metering, que permitiría a los ciudadanos, a las pymes, a los agricultores, al retail y a otros sectores generar su propia energía – desde fuentes renovables – y a la vez inyectar los excedentes al sistema eléctrico.

Esta figura lograría reducir la demanda y las cuentas de luz para los consumidores generadores. Pero al parecer pesa más la opinión de las empresas distribuidoras, que siguen con la estrategia del “mientras más vendo, más gano”, y que es lo opuesto a las nuevas políticas energéticas a nivel mundial para la seguridad y la sustentabilidad socio ambiental del desarrollo eléctrico.

Está aún por verse, en los 9 meses y medio que le quedan de gestión al actual gobierno, si se decide por enmendar el rumbo o apretar fuerte el acelerador en cuanto al mejoramiento de la política ambiental y energética vigente.

Esto no parece fácil, pues la administración Piñera se ha abocado a “separar aguas”, entendiendo lo ambiental como la mera institucionalidad con que el país aborda estos temas, pero alejando a dicha cartera de los temas productivos, con excepción de una fiebre privatizadora de todo el patrimonio ambiental público a través de diversos formatos de concesiones.

Así lo ha hecho con los recursos marinos en la Ley de Pesca, y lo mismo intenta con la carretera eléctrica, con la ley del borde costero, de las áreas silvestres protegidas y de los terrenos aún bajo propiedad de Fisco y administrados por el ministerio de Bienes Nacionales, algunos de ellos a la venta desde enero.

Si hay una política ambiental clara en el actual gobierno ha sido la de concesionar a manos privadas el patrimonio ambiental de todos los chilenos: peces, borde costero, terrenos fiscales, áreas protegidas…en la misma línea de lo que ocurrió en el pasado con el Código Minero y el Código de Aguas, sin ningún retorno de renta para todos los chilenos, permitiendo que sólo unos pocos aprovechen y se beneficien de los bienes ambientales públicos.

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