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Quince países de América Latina preparan convención internacional por derechos ambientales

Quince países de América Latina preparan convención internacional por derechos ambientales
agosto 26
09:09 2013

Foto: conservacionybiodiversidad.cl

Entre los gobiernos presentes en la instancia se cuentan Brasil, Argentina, Colombia, México y Chile, los cuales están negociando una Convención Internacional sobre ‘democracia ambiental’, para aplicar el Principio 10 de la Convención de Río, y fijar así una base institucional, administrativa y política sobre tres pilares: acceso a información, participación ciudadana y derecho a Justicia en materia medioambiental. El Gobierno chileno preside actualmente el proceso, que se encuentra en fase de negociación técnica. Esta es llevada a cabo por 40 profesionales de los ministerios: de Medioambiente, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, y de la Secretaría General de la Presidencia.

América Latina no tiene plataformas de información ambiental de alcance continental, para saber, por ejemplo, de la transferencia de contaminantes entre países, derivada de actividades extractivas o productivas como la minería, la generación termoeléctrica, los transgénicos, o la situación del suelo, el aire y el agua. Tampoco existe estándar básico de participación ciudadana en las decisiones políticas y productivas, y menos todavía una base sobre acceso a Justicia para exigir derechos ambientales.

Con ese vacío en mente, 15 países de América Latina buscan crear una institucionalidad continental, a fin de operacionalizar el Principio 10 de la Convención de Río. Además del trabajo continuo que se hace a través de teleconferencias, ya se han realizado dos reuniones internacional en noviembre de 2012 en Santiago y en abril de este año en México, donde se fijó la hoja de ruta. La próxima es a fines de octubre o comienzos de noviembre en un país aún por definir.

Al amparo de Naciones Unidas, la Unión Europea ya creó en 1999 la llamada “Convención de Aarhus” sobre derecho a información, participación ciudadana y acceso a justicia, considerado el instrumento más avanzado sobre ‘democracia ambiental’, y firmado ya por 46 países. Pese a ello, la abogada y negociadora del Ministerio de Medioambiente, Constance Nalegach, aduce que se optó por crear una institucionalidad nueva, porque en América Latina los recursos naturales son más necesarios para la economía en comparación con Europa:

“Si bien la Convención de Aarhus está abierta a todos los países del mundo, nosotros como América Latina y El Caribe también enfrentamos desafíos que son particulares a nuestra región. El uso de los recursos naturales en nuestra región es una base de la economía, lo que no es tan fuerte en Europa. En nuestra región ya hay ciertos indicios sobre todo de temas de conflictos de interés e incluso de conflictos ambientales por el uso de los recursos naturales”, adujo la funcionaria.

Por su parte, el director de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Waldemar Coutts, informa los temas que propuso Chile en esta instancia internacional:

“Llegamos con dos temas a la conferencia de Río + 20 del llamado ‘Principio 10’ que abarca estos tres pilares, y también la importancia que reviste la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la consecución del desarrollo sustentable, y que se refleja en el documento final de la conferencia, denominado “El futuro que queremos”, y eso quedó reflejado en dos párrafos, el 46 sobre la importancia de la RSE y el 47 referida a la importancia de que las empresas, tanto del Estado como las privadas que cotizan en la bolsa, generen informes de sustentabilidad”, acotó el funcionario de Cancillería.

En representación de la sociedad civil actúa la “Iniciativa Acceso”, que incorpora una organización no gubernamental (ONG) por cada país. Chile es representado por la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), una de las de mayor tradición en la defensa de derechos ambientales. Su director ejecutivo, Ezio Costa, resalta el papel del Gobierno para revertir el vacío institucional ambiental en América Latina.

“No hay nada a nivel latinoamericano, por eso es importante tener una convención como esta, que permita tener ciertas lógicas comunes, que a la larga lleven a algún nivel de gestión común, pues los recursos naturales, el medioambiente y los ecosistemas son recursos comunes que traspasan las fronteras, de tal manera que esas políticas consideren la existencia de estos derechos reconocidos internacionalmente y el acuerdo y la voluntad de los Estados de América Latina de hacerlos cumplir, y de respetar sus obligaciones internacionales. Hasta ahora ha sido un proceso que en el caso de Chile ha tomado muy en cuenta a la sociedad civil organizada”, dijo el ambientalista.

Según los expertos, el nuevo instrumento podría contribuir –en el caso de Chile- a enfrentar problemas tan heterogéneos como el secretismo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) sobre los cultivos transgénicos; permitir mayor investigación participativa para corregir el vicio de la “información errónea, incompleta o derechamente falsa” que el Gobierno detectó en 2007 en los Estudios de Impacto Ambiental que presentan las empresas; potenciar nuevas y más completas herramientas como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) o el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para así democratizar las decisiones ambientales y superar la definición de los usos de recursos naturales mediante la evaluación “proyecto por proyecto” (como sucede ahora) y no según vocación de territorios; y finalmente, promover el “principio precautorio” ( que se resume con el dicho “ante la duda abstente”) por sobre el actual “principio preventivo” que inspira al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA),

mediante el cual los proyectos empresariales tienden siempre a aprobarse, considerando sólo medidas de mitigación y compensación.

Aunque se prevé que adhieran más países, hasta este momento los 15 negociantes son los gobiernos de: Brasil, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Chile. En consecuencia, la nueva Convención regirá a más de 500 millones de habitantes.

Importa acotar, finalmente, que Estados Unidos no participa de esta instancia y tampoco de la Convención de Aarhus, por las mismas razones por las que se excluyó de la firma del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena (sobre transgénicos) y el Protocolo de Kyoto (sobre emisiones contaminantes), pues rechaza adquirir compromisos vinculantes.

Fuente: Radio U. de Chile, Helmuth Huerta, publicado 25 agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

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