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Argentina: Derrame de cianuro afectó el agua de Jáchal

octubre 07
16:29 2015

Tras el derrame de cianuro en la mina Veladero de Barrick han salido informes que aseveran que el daño ambiental es mucho mayor al esperado. Sin embargo, las autoridades del Gobierno trasandino insisten en desligar responsabilidad a la minera y acusan a ambientalistas y universidades encargadas de realizar estudios.

Las consecuencias del derrame de cianuro en la provincia argentina de San Juan no solo afectan a los ciudadanos. El Gobierno argentino ha usado todos sus recursos en desestimar las denuncias de grupos académicos y ambientalistas.

El último capítulo tiene relación con el último estudio dado a conocer por la Universidad Nacional de Cuyo, con sede en la ciudad de Mendoza. Un informe solicitado por la municipalidad de Jáchal,  localidad cercana a la mina, y realizado por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de esa casa de estudios al otro día de conocido el siniestro reveló una alta concentración no solo de metales pesados sino además de otras bacterias nocivas para el ser humano.

Fuente: Universidad Nacional de Cuyo

Saúl Zeballos, encargado del comité de crisis y enviado por el intendente (equivalente al alcalde) de Jáchal, sostiene que desde el comienzo sospechaban algo extraño: “acompañé a la delegación de la Universidad para tomar las muestras y lo hicimos en los mismos puntos de hace unos años, para comparar aquellos valores con estos actuales. Cuando llegamos a la zona de la primera muestra, en el río La Palca, antes de que se una con el río Blanco, nos dimos cuenta de que algo grave había pasado porque había gente de la mina tomando muestras del agua. Finalmente, con el análisis, comprobamos que estaba contaminada”.

Gobierno: Buscan dañar a la provincia.

El Gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, tomó el guante del estudio y acusó a la universidad de actuar con “intención de dañar a la provincia de San Juan”, asegurando que el informe es “engañoso, dañino, que tiene mala fe, que intenta dañar a la provincia de San Juan, intentando crear zozobra, mintiendo y desprestigiando a nuestra producción y a los sanjuaninos”, apuntando a la provincia de Mendoza de elaborar una acción sistemática de desprestigio.

Al parecer las relaciones del poder político con las empresas mineras no parecen ser algo nuevo en la Argentina. Ernesto Lloveras, periodista y abogado especializado en derecho ambiental, comentó a diario Perfil que “El gobernador no tuvo distancia de la Barrick. Hay una fuerte censura en los medios de comunicación por parte del gobierno provincial y de las mineras. Por ende no hubo crítica a la minería. Compraron silencio”.
Para Lloveras, esta es la mejor prueba para entender que “cuando los funcionarios deben hablar, salen a defender a la empresa, por ende hay interés comercial”. En informes anteriores se había reflejado esta afinidad de los funcionarios gubernamentales con las mineras, incluso presionando a Chile que ha paralizado el proyecto binacional Pascua Lama.

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