conoticias/portada.htm"

15 de Enero de 2002

	Ambientalistas y agricultores orgánicos ganan demanda al SAG por información sobre cultivos transgénicos La Fundación Sociedades Sustentables junto a la Asociación de Agricultores Orgánicos de Chile, Tierra Viva, representados por el Centro Austral de Derecho Ambiental, CEADA, han ganado una demanda presentada contra el SAG en Julio 2001, por acceso a la información sobre cultivos transgénicos. La Fundación Sociedades Sustentables, por si o como parte de la Red por un Chile Libre de Transgénicos, habría solicitado reiteradamente al SAG, mediante carta a sus directores, información sobre los cultivos transgénicos, su superficie, ubicación exacta, modificaciones genéticas y compañías involucradas. El SAG habría otorgado información general sobre la clase de cultivos y su superficie total y por regiones. Sin embargo, en las ultimas temporadas, ha denegado la información sobre las modificaciones genéticas, las compañías involucradas y nunca ha dado a conocer la ubicación exacta de los cultivos. El SAG ha argumentado que no le es posible entregar dicha información por razones de resguardo de factores de competitividad. En carta enviada a la Fundación Sociedades Sustentables con fecha 13 Dic. 2000, el SAG indica textualmente: "Lamentablemente la localización de los lugares de siembra, en los cuales la organización oficial ejerce su acción de control cuarentenario y los requisitos que ellos deben cumplir, están dentro del expediente de información confidencial y de resguardo de los factores de competitividad, que debe manejar el organismo de control". Ademas en los descargos efectuados en el juicio, el SAG ha fundamentado sus argumentaciones en que su entrega entorpecerá su labor fiscalizadora, que responde a una estrategia de resguardo de las medidas de bioseguridad que el Servicio ha establecido frente a posibles hurtos, usos inadecuados, destinos desconocidos u otras múltiples causales de perdida de material. Señala que esta información podría hacerse pública una vez que los cultivos transgénicos hayan sido retirados. Presenta además como fundamento una carta de Semillas Seminis Sudamérica Ltda enviada a SAG en Noviembre de 1999, en que esta firma señala que los antecedentes entregados al SAG son confidenciales. A este respecto las organizaciones ambientalistas y de agricultura orgánica han señalado, que la liberación de cultivos transgénicos al medio ambiente involucra graves riesgos aún no plenamente estudiados ni cuantificados. Entre ellos, la contaminación de cultivos circundantes por flujo de polen que ya ha sido ampliamente comprobada en numerosos casos. El desconocimiento de los lugares de cultivo de transgénicos amenaza el desarrollo de la agricultura y apicultura en Chile, y es especialmente grave en el caso de la agricultura orgánica, ya que se arriesga la pérdida de su certificación orgánica al tener predios transgénicos cercanos o colindantes. Por otra parte, la producción nacional de choclos y maíz puede verse contaminada por la gran cantidad de maíz transgénico sembrado en sitios desconocidos sin dar aviso a los vecinos. Estos cultivos contaminados, podrían afectar la salud de los consumidores causando alergias, efectos tóxicos impredecibles y resistencia a antibióticos. Por ende, la falta de información adecuada, completa y oportuna de la liberación de organismos transgénicos lesiona los derechos garantizados en el Artículo 19 de la Constitución Política a desarrollar una actividad económica (al perturbar la producción orgánica), el derecho de propiedad (se puede mermar el valor de la tierra), el derecho a un medio ambiente libre de contaminación (al afectar la calidad del suelo y aguas). Por lo tanto es vital que dicha información sea de acceso ciudadano o público. En efecto, recientemente, para mejorar la transparencia de la gestión del Estado y garantizar el libre acceso ciudadano a la información pública, ha aparecido la Ley 19.653, cuyo Artículo 11 declara "son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que les sirven de sustento o complemento directo y esencial". El SAG no pudo fundamentar adecuadamente su negativa a otorgar información ya que no pudo probar que la confidencialidad de la información podría afectar la competitividad, el interés publico o privado o entorpecer la fiscalización. Por lo tanto el juez ha dado lugar a la petición de las organizaciones ciudadanas y ha exigido al SAG suministrar los antecedentes requeridos dentro de diez días desde que el fallo quede ejecutoriado. El SAG tiene 5 días para apelar a esta decisión. Este histórico fallo apoya el ejercicio de los derechos ciudadanos a obtener información pública y establece un importante precedente para otros casos. Expone además la estrategia de las transnacionales de semillas instaladas en Chile y el mundo, de ejercer presión indebida sobre los organismos estatales para favorecer sus intereses, y la de actuar en secreto para evitar conflictos ciudadanos y responsabilidades posteriores por el daño que estos cultivos puedan causar. Además estas compañías se están beneficiando de las débiles medidas legislativas y escasa capacidad fiscalizadora de los países en vías de desarrollo, donde están aumentando su presencia y las pruebas de campo, pues estos cultivos son cada vez mas rechazados por los consumidores y agricultores de los países industrializados. [Arriba]
	Para mayores informaciones contactarse con Pamela Velasquez y Rodrigo Cerda Iturriaga, Fono 2-223 90 59, e-mail comunicaciones@iepe.org
	[Portada] [Opinión] [Mundo] [Latinoamérica] [Chile] [Temas]
	© 2001 - Instituto de Ecología Politica (IEP)